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El simple hecho de plantearse la posibilidad de dar armas de fuego a unos hipotéticos comités ciudadanos de seguridad es síntoma de la situación límite que vive el país e implica reconocer la incapacidad de hacerle frente a la violencia y la criminalidad. A pesar de la desesperación, el Gobierno debe pensar más de dos veces antes de tomar una decisión al respecto. El paramilitarismo en la región no es nuevo. Países como Guatemala, Paraguay, Colombia, México y El Salvador mismo han padecido este flagelo; ahí donde se ha implementado, los resultados han sido desastrosos.
Probablemente el caso colombiano sea el más emblemático. En la década de los setenta se organizaron las llamadas autodefensas, con el fin de ayudar al Ejército en el combate contra las guerrillas. Con el paso del tiempo, estos grupos llegaron a ser actores independientes de gran influencia y poder, involucrándose directamente con la mafia de la droga y cometiendo crímenes atroces contra la población civil. Aunque en 2002 el Gobierno colombiano decretó su desmovilización, muchos grupos se han mantenido como mafias y sindicatos de sicarios al servicio del narcotráfico.
Guatemala es otro lamentable ejemplo. Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) se fundaron en 1981 durante la gestión del general Fernando Romeo Lucas García para colaborar con el Ejército en el combate a la subversión. En la práctica, las PAC participaron en el genocidio de etnias mayas y en masivas violaciones a derechos humanos. Las Patrullas luego se aliaron con el crimen organizado. Con los acuerdos de paz de 1996, debieron desaparecer, pero siguieron actuando en diversas zonas de país. Ya en este siglo, las PAC reaparecieron reclamando compensaciones por su participación en el conflicto armado. En 2002, ocuparon por la fuerza las ruinas de Tikal y tomar como rehenes a turistas extranjeros. Las Patrullas se convirtieron en un dolor de cabeza para los Gobiernos chapines.
En México, la cruenta guerra contra el narcotráfico provocó el surgimiento de las autodefensas, grupos civiles que asumieron labores de seguridad y justicia. Actualmente, en estados como Michoacán, estos grupos se disputan el control del territorio con los cárteles de la droga. Algunos analistas estiman que hay unos 700 grupos de este tipo en 13 de los 31 estados mexicanos, aunque el presidente, Peña Nieto, ha asegurado que su administración no los apoya. Y en El Salvador, en el marco de la guerra civil fratricida, se conformaron las Defensas Civiles y la Organización Democrática Nacionalista (Orden), instancias paramilitares protagonistas de graves violaciones a derechos humanos. Con toda seguridad, buena parte de los desmovilizados que hoy protagonizan protestas en las calles exigiendo indemnización y pensión por su participación en la guerra son miembros de esas organizaciones.
Estos ejemplos dejan clara la moraleja: las patrullas de autodefensa se sabe cómo empiezan y cómo terminan: suelen convertirse en grupos de difícil control, suelen mutar en graves violadores de los derechos humanos de la población civil indefensa. Optar por este tipo de grupos implicará, muy probablemente, el nacimiento de otro grave problema para el país.
