¿Meras percepciones o dura realidad?

Pocos pueden poner en duda que la delincuencia y la inseguridad son los fenómenos que más incidencia tienen hoy en la configuración de la vida de los salvadoreños. Ciertamente, el país ha enfrentado en diferentes momentos de su historia agudos ciclos de violencia, pero luego del fin de la guerra civil era difícil prever que 23 años después se estaría ante una especie de conflicto de baja intensidad. Aunque el aumento de la violencia delictiva no es ninguna novedad, en los últimos años el fenómeno criminal ha adoptado formas y expresiones que revelan el ingente poder y control adquirido por las estructuras delincuenciales. Los 6,600 asesinatos registrados en 2015 (un verdadero baño de sangre) muestran la dimensión que ha alcanzado este conflicto.

Pero no solo la magnitud numérica de las vidas cegadas es lo que causa espanto. La barbarie, la saña con la que se ha ejecutado muchas de esas muertes, entre cuyas víctimas se cuentan niños, mujeres y ancianos, revelan la degradación y salvajismo que caracteriza a muchos de los actores de la violencia. Cementerios clandestinos; masacres ejecutadas por grupos armados con características de escuadrones de la muerte; cuerpos con señales de tortura, desmembrados, decapitados o incinerados arrojados en las vías públicas son parte del escenario cotidiano de criminalidad de los salvadoreños; un escenario que cada día se naturaliza más.

A lo anterior se suman hoy, como expresión de esta nueva guerra salvadoreña, los constantes ataques de las pandillas contra las fuerzas de seguridad, que dejaron como resultado en 2015 el asesinato de más de más de 60 policías, una veintena de miembros del Ejército y varios funcionarios penitenciarios. Nunca antes en su historia la PNC había sufrido tan elevado número de bajas, algo que está erosionando la moral de los agentes y que, sin duda, abona al temor y a la sensación de desprotección ciudadana. Además, se han vuelto habituales las noticias de enfrentamientos armados entre policías/militares y pandilleros, que generalmente se saldan con uno o más pandilleros muertos. En 2015, la PNC reportó 423 enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las maras.

Hay indicios de que en muchos de esos casos se estaría frente a malos procedimientos policiales o ejecuciones extrajudiciales, que, dado el clima de crispación que impera, son justificadas e incluso aplaudidas por algunas autoridades y una parte de la ciudadanía. Hasta hoy no se dispone de investigaciones que confirmen la versión policial de los enfrentamientos ni de datos que estimen la cuantía de los pandilleros que han muerto en ellos. Sin embargo, el mismo Gobierno ha reconocido que esos asesinatos han abultado de forma importante la estadística de homicidios de 2015. ¿Estamos de nuevo frente a un Estado que justifica la comisión de actos delictivos con el afán de garantizar la seguridad pública y la tranquilidad de los “ciudadanos decentes”?

Las denuncias de presuntas desapariciones forzadas de jóvenes, detenciones arbitrarias y otros graves hechos de abuso policial y militar van en aumento, según lo señaló el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en su balance anual. De acuerdo a la Procuraduría, las denuncias contra miembros de la PNC constituyeron en 2015 el 62.7% del total de casos recibidos, una cifra que duplica los promedios históricos de denuncias contra la Policía. Estos son indicios del deterioro de una de las instituciones más importantes de los Acuerdos de Paz, concebida justamente como la antítesis de los abusivos y desprestigiados antiguos cuerpos de seguridad de El Salvador.

Al respecto, la encuesta de evaluación de 2015 cursada por el Iudop muestra algunos datos reveladores sobre posibles excesos policiales. Al preguntar a la gente sobre la actuación policial en el combate de la criminalidad, un 27.6% aseguró que la PNC se está excediendo en el uso de la fuerza. En otras palabras, más de una cuarta parte de los ciudadanos advierte que hay abusos. El sondeo de la UCA también revela que el 53.1% de los ciudadanos se siente inseguro cuando ve pasar un policía, lo que evidencia un descrédito del cuerpo. A la vez, al consultar las razones del asesinato de policías por parte de las pandillas, el 53.5 % de los consultados lo adjudica a la mayor efectividad policial, pero el 33.6% considera que ello obedece a una reacción de venganza por el asesinato de pandilleros. Ciertamente, en la historia reciente del país no se había advertido una estrategia sistemática y coordinada de las pandillas para atentar contra la vida de los elementos policiales, tal como la de los últimos dos años.

Así, a la extendida y brutal violencia producida por las pandillas se suma hoy la violencia policial y la acción de grupos de exterminio que parecen operar con toda impunidad. Al respecto, es importante reflexionar sobre los efectos que ciertas acciones orientadas a garantizar la seguridad pueden tener en la producción de miedo y de sentimiento de desprotección ciudadana, pues la violencia policial, al igual que la delincuencial, produce inseguridad y temor. La suma de todos estos datos ayuda a entender el pesimismo con el que los ciudadanos vislumbran el futuro de la nación. La percepción de desamparo frente a esta situación, junto al viejo cansancio de la gente respecto a la agobiante situación que enfrenta día a día, puede llevar a la parálisis, a la desesperanza o a la anomia. En el peor de los casos, a avivar la hoguera de esta nueva y ya demencial guerra fratricida.