¿Narcopartidos?

Mucho tinta se ha vertido sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Reinaldo Cardoza, diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN). Por supuesto, el legislador tiene todo el derecho a la legítima defensa y a ser considerado inocente hasta que la justicia dictamine lo contrario. Pero conviene no perder de vista el historial de hechos similares. Efectivamente, el de Cardoza no es el primero, sino el más reciente de una serie de casos con llamativas conexiones. A finales de 2003 fue detenido en Estados Unidos William Eliú Martínez, miembro del extinto Partido de Acción Nacional (PAN) y diputado suplente de Horacio Ríos. Martínez fue encontrado culpable de una conspiración para producir y distribuir cocaína, y condenado a 29 años de cárcel por un juzgado estadounidense en enero de 2006.

Ese mismo año, a Carlos Silva Pereira, diputado suplente del PCN, se le acusó de lavado de dinero y soborno a funcionarios. El 29 de noviembre de 2006, sus compañeros del hemiciclo legislativo lo desaforaron y en enero de 2007 se ordenó su detención, pero ya Silva había desaparecido. Fue a este diputado al que Adolfo Tórrez, dirigente de Arena, le solicitó medio millón de dólares a cambio de desvanecer los cargos en su contra. Después de filtrarse la grabación de esa conversación entre ambos, Tórrez se suicidó en muy extrañas circunstancias. Finalmente, Silva fue arrestado en Anaheim, California, donde guarda prisión. Un dato más: a este diputado se le acusó en Guatemala de ser el autor intelectual del atroz asesinato de tres diputados de Arena, un hecho que también fue vinculado al narcotráfico por la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala.

El caso de los tres diputados areneros del Parlacen, Eduardo D’Aubuisson, William Rizziery Pichinte y José Ramón González, comenzó el 20 de febrero de 2007 cuando fueron brutalmente asesinados junto a su chofer, Gerardo Napoleón Ramírez. El reporte de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, citado por el diario El Mundo, determinó que el móvil del asesinato fue robarles 5 millones de dólares en efectivo y posiblemente 20 kilogramos de cocaína. En ese contexto, de acuerdo al informe, el también arenero y entonces director de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Ávila, había sido advertido de que Pichinte transportaba una maleta con dinero y estaba involucrado en actividades ilícitas.

El 12 de septiembre del 2013 fue capturado Juan Antonio Ascencio Oliva, acusado de pertenecer a una red de narcotráfico del occidente del país, el Cartel de Texis (en referencia al municipio de Texistepeque). Ascencio Oliva fue diputado propietario por el departamento de Santa Ana bajo la bandera del PCN en el período 1994-1997. Por la misma causa se giró orden de captura, también en septiembre de 2013, contra Horacio Ríos. Ríos fue militante de Arena y estuvo al frente de la Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente (SEMA). Luego de su pase al PCN, ganó una diputación para el período 1997-2000 por Santa Ana. Posteriormente fundó el PAN y así ganó la reelección para el período 2000-2003. Según la PNC, Ríos sería el nexo entre los carteles de Guatemala y El Salvador. Y en 2007 su nombre fue ligado al homicidio de los tres diputados de Arena y de su motorista. La bitácora de llamadas reveló que Ríos se comunicó con el entonces diputado guatemalteco Manuel de Jesús Castillo, actualmente condenado por ese crimen. Ríos está prófugo.

El año pasado, el diputado suplente de Reinaldo Cardoza para el período 2012-2015, Wilber Rivera Monge, fue acusado de lavar diez millones de dólares que se presume provenían del narcotráfico. Rivera Monge habría realizado no pocos negocios con el diputado Cardoza, ahora sentado en el banquillo de los acusados. Este caso y los anteriores tienen en común la combinación de narcotráfico e inmunidad parlamentaria. Si bien pueden ser puntuales, marcan en el imaginario colectivo una especie de perfil de los diputados y funcionarios. Ante esto, los partidos políticos deberían ser los más empeñados en que la justicia actué, como un signo claro de que no son ellos, sino algunos de sus miembros, los responsables. En este sentido, deberían dar total respaldo a las reformas de la Ley de Partidos Políticos, a fin de que se transparente el financiamiento, público y privado, que reciben y rindan cuentas de las inversiones que realizan durante las campañas electorales, tan onerosas como vacías de propuestas viables. ¿Serán capaces de hacerlo por su cuenta o esperarán la presión de instancias externas, como ha sido en Guatemala?