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Así se denominó un reciente foro auspiciado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada. En el marco del evento, la dirigencia de la gremial empresarial se dedicó a realizar afirmaciones carentes de fundamento que comprometen su credibilidad y siembran dudas sobre la salud mental de sus voceros. En síntesis, la conclusión del foro fue que la crisis que sufre El Salvador se debe a la implementación gradual y progresiva —como piezas de un rompecabezas, dijeron— del Socialismo del Siglo XXI. Desde el punto de vista político, no hay ninguna señal real de lo que advierte la gremial. Aunque se busque incluso debajo de las piedras, no se encontrará signo que evidencie la absoluta hegemonía de la institucionalidad pública, típica del Socialismo del Siglo XXI.
Siendo realistas, en la Asamblea Legislativa es más probable una correlación favorable a Arena que al FMLN. Y el poder judicial no se caracteriza por su sometimiento al partido de Gobierno o al Ejecutivo. De hecho, la misma empresa privada ha reivindicado la independencia del poder judicial y hasta ha celebrado sus dictámenes, como en el caso de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que asegura las frecuencias de radio y televisión en manos de sus actuales propietarios, es decir, que garantiza la concentración de la propiedad de los medios, lo que para la ANEP es garantía del respeto a la libertad de expresión. Y lo mismo podemos decir de otras instancias públicas, como la Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal, que pueden adolecer de muchas deficiencias, pero no de sometimiento al Gobierno.
Además, a poco más un año de gestión de la administración de Sánchez Cerén, ningún salvadoreño sensato, con un mínimo de inteligencia y de honestidad, podría pensar que es posible la eternización del partido de izquierda en el poder. Al contrario, mucha gente valora que el FMLN no saldrá bien librado de las próximas elecciones, en parte —solo en parte— por campañas como la que acá comentamos. En síntesis, políticamente hablando, no hay señales de que se esté instaurando un socialismo a la venezolana, y tampoco existen las condiciones para que ello suceda. Afirmar que los anteproyectos de ley relacionados al agua, la alimentación y la comunicación son señales de socialismo es propio de mentirosos o ignorantes, y confirma el sesgo antidemocrático y excluyente de los líderes de la ANEP, que por suerte para el país no representan a todos los empresarios.
Desde un análisis económico, las afirmaciones de la gremial también carecen de fundamento. Nada permite hablar de un proceso de nacionalizaciones o expropiaciones. Más bien habría que preguntarles a estos empresarios qué piensan de la mayor presencia de trasnacionales en el país y del muy favorable trato que reciben. Lo más probable es que el presidente de la ANEP y el resto de voceros no tenga la menor idea sobre el Socialismo del Siglo XXI, como no sea como una etiqueta para asustar incautos. Por otro lado, si los signos de la implementación de ese socialismo son la violencia, el bajo crecimiento económico y el desempleo, entonces, para ser honestos y no demagogos, habría que reclamar primero a los Gobiernos de Arena.
Fue desde la segunda mitad de la década de los noventa que comenzaron a agudizarse los problemas de bajo crecimiento y aumentaron los índices de desempleo y migración. Sin perder de vista la responsabilidad del actual Gobierno en la escalada de violencia, hay que decir y reconocer que este es un problema estructural del país. Ya antes de la década de los ochenta, es decir, antes de la guerra, El Salvador poseía las tasas de homicidios más altas del continente. En 1994, la Fiscalía General de la República contabilizó 7,693 homicidios intencionales; en 1995, 7,877, lo que representa tasas de 138 y 139 homicidios por cada cien mil habitantes, respectivamente. Así, si el aumento de homicidios es una señal de la implantación del socialismo, entonces el modelo comenzó a aplicarse hace tiempo, incluso bajo administración arenera.
Por otra parte, desde que terminó la guerra civil, la inversión promedio de los empresarios como porcentaje del PIB nunca ha sobrepasado el 18%, cifra insuficiente para impulsar el desarrollo. Irónicamente, los excluidos del modelo en El Salvador, los migrantes, con sus remesas han alcanzado a representar el 19% del PIB. Por tanto, tampoco es cierto ni ético decir que la baja inversión es producto de la actual crisis de seguridad y del supuesto socialismo que se está imponiendo. ¿Por qué hay crisis en El Salvador? La respuesta lleva a varias causas, pero lo que la gran empresa nunca ha querido reconocer y, peor aún, ha pretendido invisibilizar es que la economía salvadoreña ha estado sometida al riguroso control de reducidos pero poderosos grupos empresariales vinculados no solo por negocios, sino por lazos familiares.
Ese control es lo que en buena parte produce los desajustes que afectan al país. Los bajos salarios, la baja inversión, el desempleo, el crecimiento del sector informal, la migración y la crisis de violencia son, en parte, repetimos, productos de ese control casi absoluto. Desestimar, como hace el presidente de la ANEP, estudios serios que certifican la creciente desigualdad (como el realizado recientemente por Oxfam) es no querer ver, o pretender negar, la responsabilidad empresarial con el bajo crecimiento y desaceleración de la economía. Mientras exista este problema estructural de nuestra economía, que excluye a grandes sectores, que concentra la riqueza y que provoca agudos problemas sociales, ningún tipo de Gobierno, ni socialista ni neoliberal, podrá ser exitoso. Esa es, en el fondo, la mayor causa de la crisis que padece desde hace décadas El Salvador.
Las declaraciones de la ANEP, amplificadas por los medios de comunicación de derecha, son más obra de la política y de la ideología que de la realidad y la inteligencia. Arena enfrentó problemas similares y los líderes gremiales se limitaron a guardar un interesado silencio. Lo que no se puede negar es que hay aspectos de la realidad, como la violencia, que manejados astuta e inescrupulosamente pueden echar al traste a cualquier Gobierno.
