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La problemática en torno al agua obliga a preguntarse qué es lo que motiva a los diputados a apoyar una iniciativa. Aunque la primera propuesta de Ley General de Agua se presentó en 2006, durante los últimos tres años se han intensificado las manifestaciones y presiones sociales para que se apruebe la Ley y para que se ratifique constitucionalmente el derecho humano al agua y a la alimentación. Sin embargo, parece no haber argumento o evidencia capaz de mover a los partidos de derecha a aprobar las iniciativas. El Salvador es el segundo país más desforestado del continente, el único al borde del estrés hídrico en la región y prácticamente no tiene un solo río con agua apta para el consumo humano. Pese a eso, los diputados de Arena y el PCN no parecen entender la necesidad de contar con un marco regulador para el agua. Tampoco les preocupa que la normativa vigente date de 1981, que contenga solo 6 artículos y que otorgue la rectoría del agua al Ministerio de Planificación, una instancia que hace años dejó de existir. Lo que actualmente tenemos es, en realidad, una fragmentación o dispersión de las atribuciones en torno al agua, por lo que nadie sabe exactamente qué le compete y qué es lo que hay que hacer.
En abril de este año, el Procurador General para los Derechos Humanos condenó a la Asamblea Legislativa por violar los derechos humanos de la población al no aprobar en un tiempo prudencial la Ley General de Agua y la reforma al artículo 69 de la Constitución. Pero a los diputados en cuestión esto les tiene sin cuidado, al igual que las críticas por sus incoherencias. Este mismo año, más de 130 organizaciones de la sociedad exigieron, al unísono, que se ratificara el artículo 69 de la Carta Magna, pero los legisladores hicieron oídos sordos. También hace meses llegaron a la Asamblea más de 15 mil firmas de ciudadanos para exigir la aprobación de la Ley General del Agua; el asunto pasó sin pena ni gloria por los pasillos legislativos y las cartas seguramente nunca fueron leídas.
A nivel internacional, los relatores de la ONU para el derecho humano al agua y a la alimentación manifestaron que la reforma constitucional le significaría a El Salvador avanzar en la garantía de una vida digna para todos sus habitantes. Y en similares términos se expresó el director general de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, José Graziano da Silva. Desde Estados Unidos, el congresista demócrata de más alto rango en el Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva, envió una carta a la Asamblea destacando la importancia de aprobar una legislación general que le garantice a la población el acceso al agua como un derecho humano. Por su parte, el arzobispo de San Salvador hizo también un llamado a los diputados sobre el tema. Sin embargo, todo ello ha caído en saco roto.
¿Qué mueve a estos diputados a actuar? ¿A quién obedecen? Las bancadas de Arena y del PCN nunca han dado una justificación sería y convincente para negar sus votos a una medida que beneficiaría a todo el pueblo salvadoreño. Ha sido la gran empresa privada del país la que ha satanizado el anteproyecto de la Ley General de Aguas, considerándolo (junto a los de la Ley de Medios Públicos, Ley de Radiodifusión Comunitaria y Ley para la Soberanía Alimentaria) como un paso hacia el Socialismo del Siglo XXI. En realidad, todo lo que huele a democracia real, que beneficie a toda la población y no solo a los privilegiados de siempre, es visto por los grandes empresarios como una amenaza a sus libertades. ¿Es a ellos a quienes obedecen los diputados que se niegan a garantizar el derecho humano al agua y a la alimentación? ¿Cómo se les puede hacer entrar en razón? ¿Algún maletín negro los ciega y ensordece?
El Salvador necesita con urgencia la Ley General de Agua, que pone en el centro de las prioridades a las personas y que convierte al Estado en el garante de que se cumpla el acceso al vital líquido como un derecho humano. ¿Qué hacer para que los diputados de esos partidos lo entiendan? ¿Le harían caso a la presión popular? ¿Los movilizaría el miedo a perder votos? Mientras no se unan todos los sectores sociales conscientes de que el derecho humano al agua es condición para la vida, mientras los salvadoreños no haga suya la exigencia de contar con una ley que reconozca al agua como derecho de todos y lo manifiesten claramente frente a los que toman las decisiones, no lo sabremos.
