¿Real afán contra la corrupción?

Desde hace varios meses, fruto del trabajo de la Fiscalía General de la República y de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, los salvadoreños están siendo testigos de las investigaciones y capturas por sospechas de corrupción contra algunas de las figuras más prominentes de la política. En un hecho inédito en la historia del país, tres expresidentes, Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes, han sido acusados y perseguidos por esa causa. Sin perder de vista la presunción de inocencia y los derechos a la defensa y a un debido proceso, las pesquisas fiscales apuntan a que los acusados, uno de ellos fallecido, el otro detenido y el tercero refugiado en Nicaragua, sustrajeron o desviaron dinero de las arcas del Estado con el fin de incrementar su patrimonio personal o favorecer intereses partidarios. Los cargos que pesan contra ellos son graves: lavado de dinero, malversación de fondos públicos, peculado, agrupaciones ilícitas.

Según el Fiscal General, la mayoría de los fondos malversados por Antonio Saca salieron de la partida secreta de la Presidencia, que le permitía al mandatario de turno disponer de fondos de modo discrecional y secreto. A la partida secreta se trasladaba todo dinero que no era utilizado por las demás instancias gubernamentales. Fue declarada ilegal por la Sala de lo Constitucional en julio de 2010, siendo esta una de las sentencias de la Sala que más molestaron al entonces presidente Funes. Mientras estuvo en funcionamiento, no fueron pocas las voces que se declararon en contra de la partida porque, por su naturaleza, podía ser fuente de corrupción a gran escala.

En todos los procesos que se están siguiendo, el principal objetivo debe ser la lucha contra el uso patrimonial del Estado. Por ello, es esencial que la Fiscalía actúe con profesionalismo, ponga sus mayores y mejores esfuerzos en fundamentar apropiadamente las demandas, asegure que las detenciones tienen base firme y logre condenas sustentadas en pruebas sin tacha. De lo contrario, las investigaciones y capturas, en las que no se han escatimado esfuerzos mediáticos, serán entendidas como venganzas políticas o, en el mejor de los casos, como puro teatro, un afán de espectáculo que buscaría aparentar que las instituciones de justicia están interesadas en la lucha contra la corrupción.

Sería nefasto para el país que habiendo suficientes indicios de que los delitos se han cometido, no se realizaran los juicios correspondientes; juicios que permitirían conocer las tramas de corrupción, que los responsables pagaran por sus faltas y que se restituyera al Estado lo sustraído. En lo que va del año, se ha acumulado un buen número de casos contra distintas personalidades y funcionarios públicos, pero hasta la fecha no se ha sabido de ninguna condena en firme; la información sobre el avance de los mismos ha sido escasa o nula. Eso le resta credibilidad a la Fiscalía y al sistema judicial, lo que abona al desgaste institucional. Esperamos que si las autoridades han encontrado fundamentos suficientes para ordenar la detención de Saca y sus allegados, sean capaces de llegar hasta el final y de ese modo se sienten las bases de una lucha contra la corrupción que no obedezca a presiones, pactos entre políticos o juegos de apariencias.