¿Solo ante la corte celestial?

Siendo una instancia del ámbito judicial, la Sala de lo Constitucional, a fuerza de sentencias, se ha convertido en un actor político trascendental. Cuando a partir de 2009 grandes sectores de la población pasaron a esperar signos de cambio en el país, los magistrados de la Sala ganaron un inesperado protagonismo al propiciar reformas de hondo calado, sobre todo en materia electoral y de respeto a la Constitución. Algunos de estos cambios fueron tan profundos que provocaron una reacción irracional que intentó, por diversos medios, neutralizarlos. No cabe duda de que la Sala de lo Constitucional ha aportado al avance de la democracia y a la instauración del Estado de derecho. Quien no reconozca esto está cegado por pasiones ideológicas o por fanatismos políticos.

Sin embargo, una cosa es reconocer este papel protagónico que ha tenido la Sala de lo Constitucional y otra muy distinta pensar que todo mundo debe estar de acuerdo con sus sentencias. Ciertamente, algunas han sido muy polémicas, por lo que han sido recibidas de diversas maneras en el país. Estar en desacuerdo con una sentencia no implica desconocer el principio legal que establece que la Sala tiene la última palabra en materia de interpretación de la Constitución. Así como no se deben contrariar las decisiones de un árbitro en un encuentro deportivo, aunque no esté en lo correcto. En una ocasión se les preguntó a los magistrados dónde hay que apelar si la Sala de lo Constitucional se equivoca. En tono de broma, uno de ellos respondió que solo ante la corte celestial, porque después de las salas de la Corte Suprema de Justicia no hay otra instancia superior.

Ahora bien, tener el poder que da la Constitución para ser la última instancia en una materia no significa que los magistrados no se puedan equivocar, como la declaración dogmática de la infalibilidad no puede eximir de errores a nadie. Los señores magistrados no deben caer en el error de pensar que no se equivocan. La perfección humana no existe. Los errores más grandes no son aquellos que se hacen a voluntad, sino los que no se reconocen. Está claro que muchos de los cuestionamientos a las sentencias de la Sala provienen de personas e instituciones que ven cuestionados sus privilegios. Pero no se puede generalizar y asumir que toda crítica tiene esa motivación. Algunos señalamientos son producto de una auténtica preocupación por incongruencias o por el daño que se puede hacer a terceros.

A juicio de muchos, especialistas y no especialistas en legislación, la sentencia de la Sala que prohíbe el transfuguismo y la que se refiere al voto cruzado son contradictorias. Otras sentencias, según expertos, como el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, vulneran los derechos de algunos implicados. Empeñarse en sacar sentencias que tienen poca importancia para el país y no dictar nada sobre demandas cuya resolución tiene relevancia nacional, como las presentadas contra la ley de amnistía, la Ley de Telecomunicaciones, la dolarización o el TLC, solo levanta suspicacias.

Ante tales cuestionamientos, la reacción de los magistrados ha sido cerrarse en banda y justificar sus actuaciones, nunca la de escuchar y estar abiertos a otras opiniones. Equivocarse no es malo; negarse a reconocer el error sí lo es. Los magistrados han demostrado con creces que lo suyo es trabajar, y solo quien no trabaja no se equivoca. En este sentido, lo grave no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como alerta para revisar procedimientos y corregir el rumbo, de ser necesario.

La dinámica de no reconocer los errores, sobre todo cuando se tiene una cuota de poder importante, conduce a la soberbia y a la ceguera. El proceso suele ser inconsciente, pero progresivo. Negarse a tomar conciencia de la situación termina generando sentimientos de superioridad, una falsa sensación de infalibilidad y de poseer la verdad absoluta. Y se puede llegar al extremo de creer que las decisiones que se toman solo pueden ser apeladas ante una corte celestial.