¿También delincuentes?

El Ministro de Seguridad ha solicitado una nueva la extensión de las medidas extraordinarias, que en la práctica son ya ordinarias dado el largo tiempo en que han estado vigentes. Tiempo que se quiere aumentar todavía más contra toda evaluación de resultados y contra cualquier tipo de inspección seria de las irregularidades que se están cometiendo. De entrada, tal y como se están aplicando, las medidas se traducen en tratos crueles y degradantes para un buen número de presos. Se viola así un derecho humano consagrado desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 27 de la Constitución, que prohíbe la imposición de penas infamantes y toda especie de tormento. Los diputados deben saber que aprobar la extensión de las medidas extraordinarias es poco menos que condenar a muerte a muchos de los detenidos y, por supuesto, negarles sus derechos a la salud y a participar en procesos de rehabilitación.

En las cárceles con medidas extraordinarias se dificulta y en ocasiones incluso se impide el derecho a la defensa: a los abogados se les limita el tiempo para hablar con sus representados. Además, en algunas de esas prisiones se registra un escandaloso número de reclusos con desnutrición severa. Someter al hambre, o simplemente permitirla, es un acto de brutalidad. Por si fuera poco, los tuberculosos no reciben la atención adecuada y están hacinados en lugares húmedos. Por otra parte, los acusados pueden permanecer hasta dos años encarcelados por la dificultad de trasladarlos a los tribunales o por fallas en las audiencias por Internet. Se rechazan solicitudes de pruebas importantes para el desarrollo del juicio y en la práctica se anula a los jueces de vigilancia penitenciaria. El trato es indigno de un país civilizado; más parece orientado a destruir física y psicológicamente a las personas que a rehabilitarlas. No extraña, pues, que cada vez que un alto comisionado o un relator de Naciones Unidas vinculado a derechos básicos visitan el país, los informes respectivos sean duros y vergonzosos.

Hablar de éxito en la reducción de homicidios solo porque nos alejamos de la cifra récord de hace dos años es una simpleza absoluta. El número de homicidios sigue siendo desproporcionado, superior en seis veces al de una epidemia. Las medidas extraordinarias no son la causa de esta escasa reducción de homicidios, sino fuente, en definitiva, de dinámicas de brutalidad y autoritarismo que pueden asolar en los años próximos a El Salvador si no se pone remedio pronto, enfrentando la delincuencia con mayor investigación e impulsando el fortalecimiento de las instituciones que persiguen el delito. La dureza contra los delincuentes no hace más que aumentar el clima de violencia.

Los diputados deben ser críticos, investigar y conocer el tema antes de alzar la mano como marionetas movidas por personas que no conocen la realidad o que quieren distorsionarla. Es absurdo extender las medidas extraordinarias sin que una comisión de la Asamblea Legislativa visite las cárceles y hable directamente con los presos. Lo contrario, votar a favor de medidas crueles e injustas, movidos por un lenguaje represivo y poco científico en la persecución del delito, hará a los diputados cómplices de violaciones a derechos humanos. Y aquí no vale decir que los presos también violaron derechos humanos. Ellos son delincuentes y están privados de libertad precisamente por sus faltas, pero siguen siendo personas y conservan buena parte de sus derechos básicos. Negárselos más allá de lo estipulado por la ley penal implica comportarse como un delincuente.