¿Volver a la normalidad?

Ha pasado la semana de las fiestas agostinas y con ello reinician las actividades que la vacación interrumpió. Entre ellas, por supuesto, la actividad política, que cerró con importantes deudas con la población. Por un lado, la Asamblea Legislativa tiene pendiente la elección de cinco magistrados titulares y sus respectivos suplentes de la Corte Suprema de Justicia; funcionarios que sustituirán a aquellos cuyo período venció el 30 de junio. Ojalá las vacaciones hayan servido para la reflexión y los partidos políticos sean ahora capaces de ponerse de acuerdo a fin de elegir los candidatos más idóneos, los que mayores garantías ofrezcan de que ejercerán como magistrados con la competencia y la independencia que el cargo amerita. Ya han pasado 40 días sin que la Asamblea haya cumplido con esta tarea. En manos de Arena y del FMLN está resolver el asunto, y no desde sus intereses partidarios, sino con vistas al fortalecimiento de una institución que requiere personas decididas a que en El Salvador la justicia esté al servicio de todos.

Por otro lado, todos los grupos parlamentarios están en deuda con el acuerdo que firmaron en enero de este año ante el Secretario General de la OEA y el Coordinador Residente de la ONU, en el cual se comprometieron a iniciar un diálogo que permita alcanzar consensos sobre la solución a los principales problemas del país. Han pasado tres meses desde que se instaló la actual Asamblea Legislativa y no hay noticia de que se haya avanzado en ese diálogo, mucho menos de que se haya llegado a algún acuerdo. Por el contrario, la población solo ha sido testigo de constantes acusaciones y disputas entre los partidos, en especial entre los dos mayoritarios, lo que hace pensar que están muy lejos de querer llegar a los consensos mínimos necesarios para que El Salvador salga adelante. De hecho, ni siquiera abandonaron la lógica del reproche electorero en la última y más importante crisis que vivió el país a raíz del paro de transporte ordenado por las pandillas. La imagen que en esos días dejaron los políticos fue totalmente negativa, pues en lugar de proponer soluciones, condenar el paro y exigir la normalización del transporte, se dedicaron a intentar sacar ventaja denigrando al contrario. Difícilmente ese error pasó desapercibido para la población que debió ingeniárselas para poder llegar a su trabajo y realizar sus actividades diarias.

Lastimosamente, la violencia y el accionar criminal no dieron receso durante las fiestas agostinas. Tal como están las cosas, ambos parecen ser ya parte integral de la cotidianidad, han sido aceptados con resignación o indiferencia tanto por la población como por la clase dirigente. Y este es otro tema en el que los partidos políticos están en deuda. La ciudadanía es cada vez más consciente de que el problema es complejo, que no se resolverá pronto y que su solución requiere de cambios de gran envergadura. Pero mientras la criminalidad sega vidas a diario, causa desplazamientos forzados y aterroriza a una buena parte de la población, los políticos siguen sin poner todos los esfuerzos necesarios para buscar una salida viable cuando menos a mediano plazo. La mayoría de propuestas que se han escuchado (por ejemplo, endurecer las penas, implementar la pena de muerte e incluso aniquilar a todos los pandilleros) son tan absurdas como ineficaces.

Apostar por la prevención, ampliar la cobertura educativa, promover el deporte, incentivar la creación de empleo juvenil y transformar el sistema penitenciario para posibilitar la rehabilitación son, entre otras, medidas a las que no se les está dando la atención debida ni se les otorgan los fondos que requieren. Lo mismo sucede con los cambios estructurales que el país necesita en materia de equidad de oportunidades. Ojalá que el reinicio de actividades luego de las fiestas dedicadas al Divino Salvador del Mundo no sea un retorno a esa nociva normalidad a la que nos hemos acostumbrados, en la que la inacción política y la indiferencia ciudadana reinan, en la que la violencia es pan nuestro de cada día. Ojalá los servidores públicos y los actores sociales de peso muestren deseo de pagar sus deudas y, en consecuencia, se lancen a fondo a resolver eficazmente los problemas del país, anteponiendo los intereses nacionales a los personales y partidistas.