A costa de los más pobres

Se resolvió el impago de pensiones, pero en buena parte a costa de los más pobres. En efecto, en la reforma del Presupuesto, con el fin de obtener el dinero para el pago de la deuda, se redujeron gastos dedicados a la inversión en la gente más necesitada y vulnerable, y a las redes de protección social. Viendo la lista de las reducciones, resulta escandaloso que sean educación, salud y seguridad las partidas más afectadas. Como los diputados tienen seguros de salud privados pagados con fondos públicos, no les preocupa que los pobres tengan menos acceso a medicinas. Como tienen a sus hijos en colegios privados, se desentienden de la educación pública. Y como tienen guardaespaldas pagados por el Estado y vigilancia en sus oficinas y residencias, la seguridad pública no les resulta apremiante. Aunque el impago había que resolverlo por el bien del país y de los pensionados, la solución escogida implica una grave irresponsabilidad. No hay duda de que el FMLN en esta ocasión ha actuado al más puro estilo del partido Arena.

Las dos palabras que más se repiten en los hospitales públicos es “no hay”. Una frase triste que continuará repitiéndose gracias a nuestros diputados. En el Consejo Nacional de Educación, de amplia participación ciudadana, se elaboró un plan en 2016 para elevar el nivel de la débil y desigual educación pública. Pero en el Presupuesto de 2017 se redujeron los fondos asignados a educación. Y ahora se le ha quitado más dinero. Con estas medidas, la permanencia en el subdesarrollo será un fenómeno de largo plazo. Por otra parte, los salvadoreños se quejan sistemáticamente de la situación de violencia, ante la cual el Estado privilegia en su accionar la mano dura. La reducción presupuestaria en seguridad favorecerá la continuación de ese “manodurismo” que mantiene y reproduce la cultura de la violencia. Y cuando la gente quiera acogerse a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para denunciar abusos o atropellos, se topará con una institución menguada, pues también sufrió recorte. Por lo visto, los derechos humanos no son una preocupación para el Gobierno. La rebaja en el presupuesto de la Procuraduría muestra, en definitiva, desinterés por los pobres y los vulnerables.

Por si todo esto fuera poco, también se le quitó dinero al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El país está amenazado por el cambio climático. Cercano al estrés hídrico, se siguen perdiendo anualmente miles de manzanas de vocación forestal; y la contaminación aumenta. Pese a ello, se le reducen los fondos a un sector que es clave para posibilitar el desarrollo de El Salvador. Es cierto que a los diputados no les faltará el agua y que el dinero que le quitan a ANDA lo repondrán los usuarios con el nuevo aumento de las tarifas. Pero sobre el derecho al agua prefiere no legislar la Asamblea. El agua, una cuestión de categoría nacional por su escasez y baja calidad, que afecta de una u otra forma a más del 50% de la población y que es fundamental tanto para la salud como para la economía y el medioambiente, no les preocupa a los diputados.

Hace poco se logró que todo el conjunto de la Asamblea Legislativa apoyara la ley que prohíbe la minería metálica en el país. Una fuerte movilización social fue clave en la aceptación de ese proyecto de ley. Viendo hoy la irresponsabilidad de los legisladores, dispuestos a pagar deudas con el dinero de los pobres y a privarlos de sus derechos, es necesario movilizarse una vez más, con dos propósitos. El primero, lograr la aprobación de una ley que impida reducir los presupuestos de educación, salud, seguridad y medioambiente, y de las instituciones vinculadas directamente a los derechos humanos. Y el segundo, poner en el centro del debate una reforma fiscal que asegure impuestos más elevados al lujo, a las rentas más altas y al capital. De lo contrario, el camino hacia el deterioro económico y social continuará trayendo dolor y desesperación a El Salvador.