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Han pasado ya tres meses desde la captura de cuatro de los 17 exmilitares acusados de la autoría de la masacre en la UCA. Desde entonces, el asunto entró en una etapa de aparente aletargamiento. Otros temas llenaron los espacios de los medios y el acontecer diario ha pasado de largo ante algo tan importante para combatir la impunidad. Sin embargo, el proceso nunca ha dejado de moverse. El grupo de defensores de los acusados (tanto de los ya capturados como de los que están prófugos) no deja de tramar estrategias y presentar recursos para la no extradición de los exmilitares. En los más de 26 años transcurridos desde los asesinatos, el caso ha estado plagado de arbitrariedades y de flagrantes ilegalidades, ha padecido el desinterés de los Gobiernos de turno y ha provocado, cada vez que se pide justicia, el resurgir de amenazas de nuevos derramamientos de sangre.
Lo que ha sucedido en estos primeros meses del año no se distancia de la historia del caso a lo largo de cinco lustros. Primero, inexplicablemente, la Policía tardó un mes en proceder a las capturas. Y cuando las realizó, solo capturó a cuatro de los exmilitares, justo a los que ya fueron procesados en el simulacro de juicio de 1991. Los otros trece, los de más alto rango, los que nunca se han sentado en el banquillo de los acusados, siguen libres. O la Policía adolece de un grado alarmante de incapacidad, o este proceder evidencia, una vez más, la vergonzosa complicidad de los gobernantes de turno. Además, aunque del diente al labio se dice respetar la independencia de poderes, todo el que puede vierte su opinión para intentar influenciar la decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia, que debe decidir si la extradición aplica.
Por su parte, poco después de las capturas, el Presidente de la República convocó a los líderes de los partidos políticos para conversar con ellos sobre el cumplimiento de la notificación roja. Nunca trascendió el contenido de la reunión, solo se constató la complacencia de los dirigentes con la conducta gubernamental. El Vicepresidente de la República fue aún más lejos y se manifestó en los mismos términos que los defensores de los exmilitares. La asombrosa coincidencia de posiciones con los líderes de la derecha más conservadora del país también tiene su correlato en actuaciones que riñen con la ética, la honestidad y la transparencia.
Del lado de la Corte, hay magistrados que se han excusado de participar en el caso y otros que habiendo tomado postura pública antes en contra de la extradición, defienden con terquedad su derecho a conocerlo. También ha trascendido la noticia de la renuncia de algunos magistrados suplentes que, aunque no lo admitan, parece motivada por el deseo de no participar en esta deliberación. Los grandes medios de comunicación siguen jugando el mismo papel desde que se cometió la masacre, aunque ya no mienten con descaro como antes; hoy buscan disimular su parcialidad. La interposición del recurso del amicus curie por parte de cuatro instancias, entre ellas la UCA, no ha merecido ningún titular en los grandes medios, mientras que la opinión de abogados “notables” a favor de los exmilitares se publica con asombrosa extensión.
En realidad, aunque se viertan y repitan argumentos jurídicos, lo que hay en la mayoría de declaraciones son posiciones políticas. Se siguen lanzando razonamientos que han sido triturados por la racionalidad de un Estado democrático de derecho. Los abogados defensores, los juristas que dicen solo dar su opinión legal y, en general, los que defienden a los exmilitares vierten argumentos para oponerse a la extradición, pero ninguno se atreve a decir que los encausados son inocentes. Tácitamente, todos asumen la culpabilidad, porque si afirmaran que sus defendidos no han sido vencidos en juicio, estarían admitiendo que nunca han sido juzgados, como realmente sucedió. Ahora los que dan seguimiento al proceso temen que lo que se decida en torno a los cuatro capturados se extienda a los prófugos, para que puedan salir del escondite donde están protegidos institucionalmente. Ello representaría un ladrillo más en el edificio de la impunidad en el que se ha buscado confinar al caso.
Todo parece indicar que el asunto se está moviendo a paso lento, sin aspavientos, pero en la dirección de siempre: dejar en la impunidad las atrocidades cometidas durante el conflicto armado. Ojalá nos equivoquemos.
