A todos por igual

En las últimas semanas, diversas figuras públicas de país han sido objeto de acusaciones. Un exdirector del Seguro Social y varios expresidentes, de corrupción, por no poder solventar observaciones a sus declaraciones de probidad; un alcalde, de dirigir ataques cibernéticos contra un periódico; unos exmilitares de alto rango, de haber cometido graves violaciones a derechos humanos; y un grupo de funcionarios, de narcotráfico o de fraude al Estado. Estas denuncias y sus respectivas investigaciones son inéditas en El Salvador y sin duda muestran un nuevo modo de proceder en el sistema de justicia, lo que supone un avance en los principios y valores democráticos. No es que en el pasado no se cometieran los delitos de los que se acusa a estas personas; simplemente, se hacía la vista gorda si sus autores tenían poder. Y esta es la principal diferencia con lo que está comenzando a suceder. Quienes ahora están siendo investigados tienen o tuvieron una alta investidura, lo que por siglos fue garantía de impunidad en nuestro país.

Se dice y se dice, pero rara vez se aplica: la justicia debe ser igual para todos, nadie debe poder evadirla, por muy importante que sea el cargo y los recursos que se tengan o se hayan tenido. En principio, a la justicia no le debe importar quién cometió el delito, sino la naturaleza de este y si existen las pruebas suficientes para librar de cargos o condenar al imputado. Si se confirma la responsabilidad en un delito, debe haber castigo, sea quien sea el que lo cometió. En definitiva, se espera que un sistema de justicia respete la dignidad de todas las personas y la igualdad de las mismas ante la ley. Precisamente por ello se dice que la justicia es ciega, porque no hace distinciones.

Pero a la par de estos importantes avances, persiste la tradición de tratar de exculpar a los amigos y a aquellos que son afines, especialmente si la afinidad es ideológica, política o religiosa. Cuando se trata de un amigo, de un socio o de un aliado, se busca defenderlo como sea, a toda costa, restando importancia al delito cometido o simplemente negando que sucediera. Mientras que si el inculpado es un adversario, se le condena a priori con argumentos opuestos a los que se utilizan para defender a los allegados. En esta línea, cuando se trata de los adversarios, se le da extrema importancia mediática a delitos que pueden haber ocasionado daños menores; cuando el involucrado es un cercano, se minimiza la falta, sin importar que haya causado graves consecuencias sociales y humanas, como sucede con un crimen de lesa humanidad. Para ilustrar esto, solo basta comparar el número y contenido de las páginas dedicadas a la clonación del sitio web de un periódico con las que mereció la extradición de imputados de cometer masacres, torturas y desapariciones.

Al menos debería causar perplejidad observar posiciones tan distintas en las mismas personas. Se exige justicia cuando el delito afecta mis intereses y se pide “perdón y olvido” cuando el acusado es un aliado. Se exige justicia para un delito menor y se pide clemencia para un delito de lesa humanidad. Se califica de persecución política a la investigación de hechos en los que han participado correligionarios y se habla de lucha contra la corrupción cuando las pesquisas afectan al partido contrario. Este tipo de volátil actuación, este uso antojadizo y a conveniencia de principios y valores, se da tanto en la derecha como en la izquierda. La falta de coherencia es uno de los males de buena parte de los actores de nuestro país, sean políticos o sociales. En este sentido, es totalmente contradictorio que se apruebe incluir en la formación escolar, en todos los niveles, una nueva asignatura obligatoria de moral, urbanidad y cívica, mientras las autoridades y los que aprobaron la moción no respetan los mínimos principios de moralidad y civismo democrático. De poco servirá imponer esa asignatura si las autoridades y los líderes políticos, económicos y religiosos distan de ser ejemplo de honradez y moralidad notorias.

A pesar de que estamos viviendo lo que podría ser un momento trascendental para el país, todavía queda mucho por avanzar. Ya se verá si las acusaciones e investigaciones desembocan en una clara, plena e imparcial aplicación de justicia. Ya se verá si luego de comprobarse los delitos se dictan las penas correspondientes, sin importar quiénes son los inculpados. Ya se verá si estos pasos hacen realidad un anhelo largamente postergado: el establecimiento de un sistema de justicia robusto fundamentado en la igualdad ante la ley.