Aguda desconfianza en la política

La última encuesta de opinión pública del Iudop, realizada a finales de 2016 con el objetivo de evaluar la situación del país, muestra una importante disminución de la confianza ciudadana en la política, sus actores e instituciones. Para los salvadoreños, los partidos políticos son la institución que menos confianza les merece, lo que se traduce en el nivel de confianza más bajo registrado por el Iudop hasta la fecha: solo el 3.5% de los encuestados afirma tener mucha confianza en los partidos. Lo mismo ocurre con la Asamblea Legislativa: apenas el 5% se fía de ella. Esta desconfianza en las instituciones políticas se evidencia también en las respuestas a la pregunta sobre la opción de voto: si hubiese elecciones, el 43.9% no votaría por ninguno de los partidos políticos existentes.

Es posible que los casos de corrupción que se han conocido a lo largo de este año, en los que se han visto implicados dos expresidentes y un buen número de funcionarios de los últimos Gobiernos, tanto de Arena como del FMLN, hayan contribuido a esta pérdida de confianza (no en balde tres cuartas partes de la población afirma que debe apoyarse a la Fiscalía General de la República en la persecución de funcionarios corruptos). Estos datos, junto a la coincidencia en la apreciación de que se está gobernandogobernando mal al país, el escepticismo sobre la efectividad de las medidas extraordinarias para disminuir la violencia y la delincuencia, y la opinión mayoritaria de que la economía nacional está mal y seguirá peor este año, son una señal muy significativa de la desconexión entre la población y la dirigencia política del país.

La población encuentra poca comprensión y apoyo en la clase política; las instituciones, en especial las del sector justicia, funcionan mal. Los partidos han sido incapaces de solidarizarse con las víctimas de la delincuencia; no han dado señales convincentes de comprender su situación y mucho menos de ofrecer soluciones eficaces a la misma. En realidad, los políticos viven al margen de la cotidianidad de las mayorías, los salvadoreños que sufren a diario la extorsión y el control de las pandillas, la gente que no recibe ningún tipo de apoyo o acompañamiento por parte del Estado. Para colmo de males, se hizo público que los dos partidos mayoritarios negociaron con las pandillas para obtener votos, o restarlos a su contrincante, en las últimas elecciones. Esto, además de ser ilegal, constituyó una terrible ofensa para quienes sufren la violencia pandilleril.

Es escandaloso para la gente que padece el acoso de la delincuencia y la criminalidad ver el alto nivel de vida y la seguridad de la que gozan diputados y altos funcionarios, así como también resulta escandalosa para los que sufren estrecheces económicas la opulencia de los grandes empresarios. Empresarios que se oponen vigorosamente a incrementos significativos al salario mínimo. Es por ello que no extraña que ambos, empresarios y políticos, habiten juntos en los niveles más bajos de la confianza ciudadana.

Esta realidad es preocupante, pues un sistema democrático se basa en la confianza en las instituciones que permiten su existencia. Los partidos políticos son fundamentales. Cuando existen partidos fuertes, la democracia se fortalece. La Asamblea Legislativa es también un órgano vital del sistema democrático, pues en ella se da la representación de la población a través de la voluntad popular manifestada en las elecciones. Asimismo, es importante que el sistema de justicia funcione y se dé una plena separación entre los distintos poderes del Estado. A juicio de la población, poco de ello ocurre en nuestro país. Una muestra: la Corte Suprema de Justicia ocupa el quinto lugar entre las instituciones en las que la ciudadanía menos confía. Si todas estas instituciones pierden la confianza de la población, la democracia se debilita y puede entrar en crisis. Y las crisis democráticas suelen dar lugar a sistemas autoritarios y populistas.

En El Salvador, pues, una buena parte de la gente ya no cree en la democracia y sus principios, y con tal de liberarse de una realidad hostil considera legítimo, por ejemplo, que la Policía Nacional Civil transgreda la ley e irrespete los derechos humanos en su lucha contra la delincuencia. Los grandes demócratas han afirmado que los problemas de la democracia solo se pueden resolver con más democracia. Ojalá que durante la conmemoración de los 25 años de la firma de la paz se rescate el espíritu que animó aquel momento histórico clave y se reafirme el compromiso de trabajar por una mayor y mejor democracia en nuestro país.