Al son militar

A raíz del auto del 4 de enero emitido por el juez español Eloy Velasco, quien dirige el juicio contra 20 militares salvadoreños acusados de planificar y ejecutar la masacre en la UCA, se ha constatado que a 24 años de la firma de los Acuerdos de Paz no impera en El Salvador una cultura de respeto a los derechos humanos; se sigue protegiendo a los responsables de crímenes abominables. En su resolución, Velasco pide nuevamente la detención de 17 de los militares inculpados en el caso, a fin de luego solicitar la extradición. Ante ello, diversos sectores de la vida nacional han dado muestras de rechazo e incluso han llegado a justificar el crimen, lo que no solo deja mal parado a El Salvador ante la comunidad internacional, sino que muestra que se sigue avalando la actuación que caracterizó a la Fuerza Armada durante la guerra civil.

En este contexto, es conveniente destacar la postura que al respecto han tomado las autoridades militares y los partidos Arena y FMLN. La coincidencia es plena: todos han mostrado un desconocimiento del sistema internacional de protección a los derechos humanos y un irrespeto a los convenios suscritos por el Estado salvadoreño. En el caso de la Fuerza Armada, la costumbre ha sido siempre proteger a sus miembros, estén activos o en retiro; impera en ella un fuerte sentido corporativo que le llevar a cerrar filas ante cualquier señalamiento. Aunque esto es beneficioso para sus integrantes, atenta contra la credibilidad de la institución cuando implica proteger a acusados de delitos de cualquier índole. Y esta ha sido la tónica del Ejército a lo largo de su historia. Como dijo monseñor Romero en más de una ocasión, la Fuerza Armada se desacredita si no es capaz de aceptar los errores que cometen sus miembros y llevar ante la justicia a aquellos que violan la ley.

Aducir que se trabajaba en base a órdenes recibidas, que se estaba defendiendo a la patria de la subversión comunista no justifica de ningún modo el asesinato de los seis jesuitas y de Elba y Celina Ramos, ni ninguno de los crímenes contra la población civil que se cometieron en el pasado. De todos es conocido, está ampliamente documentado, que quien dirigió la guerra y definió las estrategias de combate fue la Fuerza Armada, que no se sometió al poder civil en ningún momento. Tampoco es razonable ni ético pedir el apoyo de la ciudadanía y de los políticos en la defensa de los acusados, cuando el Ejército mostró un total desprecio por la vida de la mayoría de los salvadoreños, a los que amedrentó y oprimió con actos que solo pueden ser calificados de terrorismo de Estado.

Hasta la fecha, la Fuerza Armada no se ha desvinculado de su nefasto pasado. 24 años después de la firma de los Acuerdos de Paz, no ha reconocido que durante el conflicto cometió crímenes abominables, mucho menos ha dado signo de arrepentimiento o mostrado alguna intención de pedir perdón a las víctimas y al pueblo en general. Similar actitud mantiene Arena. Aunque su actual presidente, Jorge Velado, afirmó hace poco que la masacre en la UCA es repudiable y condenable, un hecho abominable y vergonzoso desde cualquier punto de vista, luego se sumó a los que protegen a los responsables del crimen al decir que el juicio en España lesiona nuestra soberanía, poniendo así en entredicho las relaciones internacionales con dicho país y menospreciando nuestro ordenamiento y aparato jurídicos.

Igual de protectora de los acusados es la actuación del Ministro de Justicia y Seguridad, que en lugar de ordenarle a la Policía Nacional Civil que cumpla con su deber y proceda a la captura de los 17 militares, afirma que se debe consultar primero a la Corte Suprema de Justicia qué es lo que procede hacer. Esta consulta no se justifica bajo ningún concepto, pues la Sala de lo Constitucional reconoció en su sentencia del 24 de agosto de 2015 que las notificaciones rojas de la Interpol implican la captura de las personas perseguidas por la ley. Que el FMLN no se haya pronunciado al respecto es muestra clara de que aprueba la protección que se les está dando a los militares enjuiciados en España. Esta actitud y su historial de poca beligerancia en la defensa de los derechos humanos dicen mucho de su interés por la verdad y por la aplicación de justicia en los crímenes del conflicto armado. Esta posición del FMLN solo se explica desde un entendimiento con los militares y un pacto de no agresión entre ambos. Un pacto —en realidad, una camisa de fuerza— que le impide al partido de izquierda responder a las demandas de las víctimas de la guerra civil.

Todas estas posiciones difieren diametralmente de la del procurador para la Defensa de Derechos Humanos, David Morales, quien sostiene que “el asesinato de los sacerdotes jesuitas y las dos mujeres laicas constituye un crimen de lesa humanidad y un auténtico crimen de guerra”, y que, por tanto, “la Corte Suprema de Justicia debe ordenar la inmediata captura y extradición de quienes sean encausados como presuntos responsables de dicho asesinato”. Asimismo, el Procurador afirma que “las órdenes de detención internacional deben ser cumplidas de inmediato y sin dilaciones por las autoridades policiales salvadoreñas”.

Tanta protección para un grupo de militares encausados por un crimen de lesa humanidad solo se explica en una sociedad que sigue sometida al poder castrense, que siente temor ante el Ejército, que no ha sido capaz de poner los principios y valores de la democracia y el pleno respeto a los derechos humanos por encima de cualquier interés particular. En esto, pues, El Salvador sigue marchando al son militar.