Ante la corrupción

La reactivación de la Oficina de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y el trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública están permitiendo comprobar algo que se sabía desde hace tiempo: la política y la institucionalidad sufren una verdadera plaga de corrupción. Se conocían de sobra los desmanes de Presidentes de siglos pasados que se convirtieron en grandes terratenientes o en importantes inversionistas de la banca y otros negocios. Ahora se comprueba la existencia de corrupción a gran escala en el Estado, así como la tradición de colocar familiares en puestos de trabajo más allá de la meritocracia y del análisis trasparente de la validez de los candidatos.

La corrupción afecta a todos. En las listas publicadas aparecen tanto funcionarios del Ejecutivo como de la Asamblea Legislativa. Y si se hicieran investigaciones mínimamente serias, con seguridad figuraría más de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y alguno de sus presidentes. La corrupción ha estado enmascarada en leyes protectoras y en argucias legales que envuelven y confunden los hechos. Por citar el ejemplo más escandaloso, no hay duda de que la privatización de los bancos a principios de los años noventa fue un acto masivo de corrupción desde el punto de vista ético y un verdadero latrocinio de bienes pertenecientes a todos. Latrocinio que al estar protegido por las leyes del momento pudo pasar incluso como una acción saludable para la economía de país.

La corrupción sigue campante e incluso se vuelve delirante en algunos momentos. La acción de pasar dinero del Estado de un banco a otro, con fines inconfesables, es difícil no considerarla como lavado de dinero. Pero a través no solo de manipulaciones de la ley, sino también de ciertos modos de ejercer el poder absoluto que la ley da a la Fiscalía, se puede convertir fácilmente en un delito con una pena menor. Los partidos y las instituciones politizadas de la sociedad civil usan la corrupción como un arma arrojadiza contra el enemigo, pero rara vez son estrictos y exigentes con los actos corruptos de sus correligionarios y allegados. Exceptuando, claro está, los casos en los que el corrupto roba a los propios amigos y miembros del partido. Y esas excepciones son utilizadas para decir que el partido en cuestión no consiente la corrupción en sus filas.

Si de verdad se quiere vencer este mal, los partidos políticos (Arena, el FMLN, GANA, el PCN y la Democracia Cristiana) deberían comenzar por pedirle perdón al pueblo salvadoreño y reconocer que en sus filas ha habido corrupción e impunidad. Y lo mismo deberíamos decir de la Corte Suprema de Justicia, la PNC y la Fiscalía. No se puede luchar adecuadamente contra la corrupción si no se reconoce su existencia y si no se manifiesta un mínimo de arrepentimiento frente a ella. Por su parte, la ANEP y Fusades tendrían que ser mucho más exigentes respecto a la corrupción y la falta de ética en la empresa privada. Cargar todas las tintas contra el Gobierno, especialmente cuando es del FMLN, y callar frente a la corrupción histórica propiciada por y desde connotados empresarios, varios de ellos fundadores o socios de la ANEP y Fusades, no es la mejor manera de ganar prestigio ni liderazgo moral.

Además, es indispensable definir la corrupción. No se trata solo de jugar con diez millones de dólares moviéndolos de banco en banco o de apoderarse de empresas estatales a precios de ganga, sino también del favoritismo en la clase política. La parentela trabajando en puestos estatales es un mal común. Aunque es cierto que ello no es indicativo inmediato de corrupción, deben crearse procedimientos que garanticen la transparencia de las contrataciones en base a méritos, no por recomendaciones de los amigos del mismo partido. A los puestos técnicos en las alcaldías se debe llegar mediante concurso y examen, sin depender de la filiación política o del nivel de la recomendación. Y lo mismo en el sistema judicial, la Fiscalía o los ministerios. Es alarmante —y una prueba más del disimulado regusto por la corrupción— que un excelente anteproyecto de ley de la función pública esté durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea, cuando sería un eficaz instrumento para combatir esta corrupción partidocrática.

Finalmente, es positivo que los medios de comunicación persigan el favoritismo y la recomendación. Sin embargo, es indispensable que investiguen el fenómeno a fondo y objetivamente. La evasión de impuestos por parte de ciertos empresarios debe ser tratada como corrupción, al igual que se hace ya con los puestos obtenidos por amistad y compadrazgo. Pero se debe tener en cuenta que este tipo de corrupción a la hora de contratar personal se encuentra tanto en oficinas gubernamentales como en instituciones del sistema judicial y en alcaldías, más allá de que estén presididas por miembros de Arena o del FMLN. Un poco más de objetividad y de valentía les daría a los medios mayor credibilidad. Luchar contra la corrupción es tarea de todos, pero especialmente de aquellos que la han presenciado sin denunciarla o, peor aún, la han encubierto.