La presentación de un anteproyecto de ley para la prohibición de la minería metálica en El Salvador por parte de la Iglesia católica y la UCA es, en primer lugar, un reconocimiento a la lucha de las muchas organizaciones y personas que desde hace años han mantenido una valiente y argumentada oposición contra esa nociva industria. En el marco de esa lucha se cuentan por lo menos tres asesinatos y numerosas amenazas contra activistas; casos que han quedado en la impunidad.
En segundo lugar, la acción no hace sino recoger el clamor de las comunidades que ven en la minería metálica una seria amenaza a sus vidas y al hábitat natural. Según una encuesta del Iudop, la pequeña extensión geográfica del país, la alta densidad poblacional y la crítica situación medioambiental son las principales razones para rechazar la minería. Además, el 77% de los encuestados se mostraron de acuerdo con que el Estado la prohíba. En tercer lugar, la propuesta de ley es el resultado de investigaciones y análisis que han llevado a la convicción de que esta industria es dañina para todo el país y para su población. Por tanto, la propuesta busca preservar la vida de los salvadoreños, proteger nuestro ya deteriorado medioambiente, y cuidar y conservar la escasa agua que nos queda.
Por todo ello, el anteproyecto, al menos en el acto público, fue bien recibido por las fracciones de los diferentes partidos políticos; un signo que resulta alentador en estos tiempos preelectorales y de extrema polarización. Sin embargo, algunas voces se han manifestado en contra de la propuesta, es decir, a favor de la minería en El Salvador. Son las mismas que se opusieron al aumento del salario mínimo, los que se oponen a una reforma fiscal progresiva y a toda medida que toque el poder de los más ricos y que beneficie a los más desfavorecidos. Son pocas, pero hacen mucho ruido a través de los medios que les sirven. Desde sus intereses y su razonamiento, resulta mejor regular la minería que prohibirla, pues, dicen, el país necesita de inversiones y desarrollo.
Pero esa lógica muestra lo poco que saben o les interesa saber sobre la minería. Se apoyan en afirmaciones de supuestos científicos, como un tal Pablo Marcet, defensor de la minería metálica y que en la Web aparece como presidente de Geo Logic, una empresa minera y metalúrgica. Decir que hay minería limpia sin referirse a un método concreto es pura propaganda. La empresa Oceana Gold, que sigue pretendiendo extraer oro y plata a pesar de haber perdido una demanda contra el Estado salvadoreño, pregona por los grandes medios de comunicación que realiza una minería responsable y limpia. Sin embargo, en Filipinas, a Oceana Gold se le acaba de suspender el permiso de exploración por causar destrozos en el medioambiente.
Según la Organización Mundial de la Salud, “el arsénico es muy tóxico en su forma inorgánica y representa una grave amenaza para salud pública de las personas que utilizan agua contaminada para beber, preparar alimentos y regar cultivos”. Y el arsénico es uno de los elementos químicos básicos para el desarrollo de la minería. Por tanto, no existe, ni acá ni en ninguna parte, minería segura. Cuando llegaron a Centroamérica, todas las empresas mineras dijeron que eran limpias. Ahora basta constatar lo que ha pasado con la mina Marlin en Guatemala, el Mochito en Honduras o en el cerro Colorado de Panamá para comprobar lo que esta industria deja tras de sí: contaminación, destrucción y pobreza; nunca progreso. Las minas, además, no generan grandes ingresos para el país que las permite, porque la mayoría de las utilidades se las llevan las compañías fuera de los territorios de explotación.
Cuando la Ministra de Medio Ambiente de Filipinas canceló la licencia de 21 proyectos mineros (la mitad de los que operan en su país), se comprometió a poner el bienestar de sus compatriotas por encima de los ingresos de esa industria. Eso esperamos que hagan los diputados y diputadas en El Salvador, que piensen en el bien de la gente y del país, no en el beneficio de unos pocos que con mentiras buscan influenciarlos para que no prohíban la minería. ¿De qué lado se pondrán los legisladores?