Autoridad moral

En el país, no faltan quienes menosprecian a la ONU, especialmente desde que el presidente dijera que ciertos aspectos de las reuniones de las Naciones Unidas son obsoletos. Esa afirmación se ha convertido en una especia de consigna entre muchos funcionarios, que les ha servido para ignorar cualquier observación de los organismos de la ONU e insistir en que los derechos humanos nada más sirven para defender criminales. Por oportunismo, algunos solo valoran a las diversas oficinas de la instancia internacional cuando estas realizan alguna actividad que puede ser instrumentalizada para generar propaganda a favor del oficialismo. Lo cierto es que un país que no se toma en serio las recomendaciones de las Naciones Unidas no encaja adecuadamente en el contexto global y se condena a sí mismo a la irrelevancia internacional.

Recientemente, la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos pidió a El Salvador que dejara en libertad a los defensores ambientales de Santa Marta. La Fiscalía insiste en acusarlos con pruebas sumamente débiles, como testimonios de testigos de referencia. Atender este tipo de llamados es mucho más racional que empeñarse en insistir en argumentos débiles y fácilmente rebatibles. En 2023, expertos independientes de la ONU pidieron levantar el régimen de excepción, recordando que si bien dar seguridad a la ciudadanía es una responsabilidad del Estado, “el gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública”. Y advirtieron del doble sufrimiento que se cierne sobre los barrios marginales: la actividad policial durante el régimen “amenaza con criminalizar a personas que casualmente viven en las zonas más empobrecidas y que han sido a su vez objetivo de las bandas en el pasado”.

Aunque aún faltan un par de años para que El Salvador pase por el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que determinará los avances y retrocesos del país en el tema, sería más beneficioso para el posicionamiento en la escena internacional escuchar ahora las críticas ante las múltiples violaciones a derechos humanos cometidas en el marco del régimen de excepción y corregir errores, que esperar a que lluevan las denuncias en la ONU. El recurso fácil de algunos funcionarios salvadoreños de defenderse de los señalamientos con mentiras y absurdos complica aún más la situación.

Recientemente, en las Naciones Unidas se acusó a Israel de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Incluso la relatora de la ONU para Palestina afirmó que la sistemática agresión contra la población civil palestina conlleva elementos claros de genocidio. Nuestro país, que aún sufre las consecuencias de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, tendría autoridad moral para impulsar soluciones basadas en el diálogo si no estuviera cometiendo abusos de derechos humanos. Aunque la autoridad moral no sea un bien apreciado hoy en día, tenerla facilitaría el entendimiento con instancias internacionales económicas y sociales a las que más temprano que tarde habrá que pedir apoyo para solucionar ciertas problemáticas nacional. Además, esa autoridad moral, esa coherencia de principios, tendría mayor atractivo para los inversionistas extranjeros que la propaganda repetitiva de la tranquilidad que impera en nuestras calles.

Por supuesto, esa tranquilidad no existía antes y es un valor, pero prolongar un régimen de excepción por dos años habiéndose alcanzado ya los objetivos con los que decretó elimina la autoridad moral de cualquier Estado, máxime si se insiste en violar los derechos de muchas personas y de sus familias. El respeto a los derechos humanos tiene una dimensión estratégica positiva para el desarrollo humano de una nación. Despreciarlos quizás rinda beneficios en una estrategia de polarización y calentamiento emocional de la sociedad, pero a largo plazo avoca a la disolución de algunos de los principios que han animado lo mejor de la humanidad: solidaridad, hermandad, libertad.