Esta semana, el PNUD presentó su sexto informe sobre desarrollo humano de El Salvador. Su título, "De la pobreza y el consumismo al bienestar de la gente", es muy significativo, pues da una perfecta idea de la situación actual: nuestro país está marcado por la pobreza y un consumismo insostenible, y del ideal al que aspiramos: alcanzar un nivel de bienestar para toda la población.
El estudio, basado en un análisis de los últimos 60 años, concluye que "los modestos resultados socioeconómicos del país son atribuibles a una ausencia de modelo de desarrollo económico que tenga como eje central el despliegue de las capacidades de la gente". Esta no es una afirmación gratuita, está debidamente sustentada en el documento, y confirma lo que muchos analistas ya han señalado antes: el crecimiento de El Salvador ha sido muy limitado y no ha sido capaz de proveer progreso y calidad de vida para la mayoría de la población.
Una vez más queda en evidencia que el modelo económico de desarrollo que privilegia al capital sobre la gente ha fracasado rotundamente. Este modelo ha provocado exclusión, desigualdad y pobreza. Se ha basado en los bajos salarios de los trabajadores como medio de inserción en los mercados internacionales y en el subempleo como forma de sobrevivencia de la mayoría de la población. Es evidente que con estas premisas no se puede generar desarrollo, y no es extraño que la riqueza que ha producido este modelo económico haya sido acaparada por unas élites que nunca han mostrado ninguna disposición a compartir sus logros con el resto de sus hermanos.
El informe presenta, pues, un diagnóstico de la realidad social y económica que no es nada alentador. Sin embargo, reconocer la realidad, aunque no guste, en lugar de pretender esconderla o disfrazarla, es el mejor punto de partida para poder cambiarla. Este informe nos pone frente a una realidad que desmiente lo que se ha afirmado oficialmente durante muchos años; se desbarata por su vacuidad el convencimiento de que nuestro país goza de estabilidad macroeconómica y de altos niveles de crecimiento. Lo que en verdad se tiene son grandes desequilibrios macroeconómicos y un bajísimo nivel de crecimiento. El crecimiento promedio durante los últimos 50 años ha sido del 1.1%, lo que es totalmente insuficiente para alcanzar el desarrollo.
La cobertura y alcance de las políticas sociales han estado al servicio de la política económica, en lugar de coadyuvar al proceso de desarrollo de las capacidades de las personas. En nuestro país, contrariamente a lo que debería ser, a pesar de que las políticas sociales se han concebido como un instrumento destinado a aliviar los efectos de la pobreza, en realidad se subsidia más a los ricos que a los pobres y se ha privilegiado a los sectores urbanos por encima de los rurales. Reciben más ayuda del Estado las personas con más recursos, mientras que los más pobres apenas reciben beneficios. El sector rural, que arrastra un rezago histórico importante, sigue estando al margen de muchas de las políticas económicas y sociales; apenas se beneficia de los subsidios al gas, a la energía eléctrica y al transporte colectivo. Y ello porque simplemente no tiene acceso a esos recursos.
Después de mostrar la realidad, el informe del PNUD propone una estrategia a seguir para transformarla y poder alcanzar en una generación el bienestar de la mayoría de la población. Se trata de buscar un modelo de desarrollo que ponga en el centro a la gente. Por muy obvio que parezca, este punto de partida es fundamental, pues la verdadera riqueza de una nación está en su gente y lo mejor que se puede hacer es invertir efectivamente en ella. Invertir en el desarrollo de las capacidades de la población para que pueda participar y enfrentar los retos del desarrollo es una apuesta ineludible.
El informe del PNUD es un trabajo muy serio y está avalado por el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, del que forman parte intelectuales de distintas tendencias políticas y de reconocido prestigio. No es fruto de unas cuantas cabezas calientes, sino de personas que piensan bien, conocen y aman a su país. Por ello, merece ser estudiado a profundidad y tenido en cuenta como un punto de partida para construir un mejor país. Es deber del Gobierno y de toda la sociedad salvadoreña analizar y asumir con espíritu de apertura las propuestas planteadas, buscando como implementarlas en el corto o mediano plazo para que de una vez por todas El Salvador se encamine al verdadero bienestar de todo su pueblo.