La cooperación internacional está muy interesada en ayudar a promover la calidad en El Salvador, y para ello la Unión Europea ha destinado importantes recursos económicos. A instancia suya se aprobó en 2011 la Ley de Creación del Sistema Salvadoreño para la Calidad, que dio vida al Consejo Nacional de Calidad. Además, se puso en marcha el programa Procalidad, cuyo principal objetivo es apoyar la implementación del Sistema. Recientemente, y siempre en la línea de apoyar, fortalecer y crear una cultura de la calidad en el país, los ministerios de Economía y de Educación y las universidades acreditadas firmaron un convenio para promover la formación en calidad en las instituciones de educación superior.
Para muchos es un tema que solo concierne a la industria y, por ende, a los productos que consumimos. Pero, en realidad, no es así. La calidad puede y debe aplicarse a todo proceso, a los servicios, a lo que se produce y se consume, a las relaciones humanas. La calidad es la manera de medir si un servicio, producto o relación cumple con determinados requerimientos, y en la medida en que lo haga generará más o menos satisfacción. Así, la calidad está directamente relacionada con el bienestar y, por tanto, se aplica a todos los ámbitos de la vida.
Para que la población tenga la mayor calidad de vida posible, debe existir certeza de que los alimentos están en buen estado y que son óptimos para el consumo humano. Debe haber protección frente a todo aquello que atente contra la salud, y acceso a servicios médicos brindados por personal competente; personal que dé un trato digno y cuente con los equipos apropiados para diagnosticar y tratar las enfermedades, en apego estricto a los protocolos establecidos. Debe contarse con un sistema de seguridad pública que proteja la vida y el patrimonio, y que vele por el respeto a los derechos humanos. Debe contarse también con un sistema de transporte eficiente, que no ponga en riesgo la vida de los usuarios y sea capaz de responder en caso de accidente.
En El Salvador estamos (mal) acostumbrados a que los servicios, tanto los públicos como los privados, sean de mala calidad, e incluso lo justificamos fácilmente. Muchos piensan que por los gratuitos no hay derecho a reclamar. Para otros, el adjetivo "público" es sinónimo de mala calidad, y si se recurre a ese tipo de servicios es porque no hay alternativa. De esta forma, en los servicios públicos aceptamos el maltrato, la lentitud exasperante, el "vuelva usted mañana", y rara vez nos atrevemos a reclamar nuestros derechos. ¿Cuántas veces hemos recibido maltrato en una alcaldía, en la PNC, en un juzgado, en un centro de salud, sin hacer ni decir nada? Si se tiene con qué pagar, lo común es no recurrir al servicio público. Como en los hospitales estatales y en el seguro social no nos sentimos bien atendidos, vamos a los hospitales privados. Como el transporte público es desordenado y peligroso, optamos por comprar un vehículo propio. Como la Policía no garantiza la seguridad, contratamos vigilancia privada.
La apuesta por la calidad es fundamental para el desarrollo. Así como debemos agradecerle a la cooperación internacional su apoyo para impulsarla, debemos cambiar nuestra cultura y exigir servicios, productos y relaciones de calidad; no resignarnos ni permitir la ineficiencia, la mediocridad, el maltrato. Si hay tanta insatisfacción con los servicios, especialmente con los que ofrece el Estado, ya es hora de que como usuarios exijamos su mejora. Este será el mejor aporte ciudadano a la calidad y, en consecuencia, al propio bienestar.