Cambios de forma, no de fondo

Al hablar de pensiones, lo primero que debe reconocerse es que todos merecemos un retiro laboral digno y seguro, y que le corresponde tanto al Estado como a la sociedad en general crear los mecanismos necesarios para garantizarlo. Uno de esos mecanismos es la pensión, que debe entenderse como un derecho, no solo como el resultado de la solidaridad con los adultos mayores. La mayoría de los países cuenta con un sistema de pensiones que funciona en base a un sistema de cotización y de reparto; es decir, las pensiones se pagan con los aportes obligatorios que mensualmente hacen los empleados y sus empleadores. Con la llegada de las ideas neoliberales, algunas naciones crearon sistemas privados de pensiones, en los cuales las cotizaciones van a una cuenta individual a nombre del cotizante y el monto de la pensión lo determina la cantidad que cada quien ha ahorrado a lo largo de su vida laboral. Eso es precisamente lo que hizo El Salvador en 1998.

Nuestro sistema de pensiones adolece de tres problemas fundamentales. Primero, no garantiza una pensión digna y permanente, ni siquiera para aquellos que han cotizado los 25 años que establece la ley para pensionarse. Segundo, es un sistema excluyente, que no permite la incorporación de los trabajadores agrícolas, las empleadas domésticas y quienes laboran por cuenta propia, por lo que solo cubre aproximadamente al 25% de la población económicamente activa. Tercero, el paso al actual sistema de ahorro privado dejó sin recursos al anterior sistema. Así, el pago de las pensiones genera una deuda pública de grandes dimensiones, que de no resolverse creará una crisis fiscal. Por todo ello, y en eso coinciden la mayoría de las personas e instituciones que conocen el tema, es necesaria y urgente una reforma.

La reforma debe resolver los tres problemas planteados, pero también debe introducir un componente de solidaridad entre los pensionados y con aquellos adultos mayores que hoy están excluidos del sistema. Por su trascendencia, por sus implicaciones para el futuro de El Salvador y su gente, la reforma debe hacerse bien, en base a estudios serios y completos; de lo contrario, se corre el grave peligro de agravar los problemas actuales e incluso crear otros nuevos. En esta línea, la propuesta que ha presentado el Gobierno a la Asamblea Legislativa no resuelve de manera significativa ninguna de las cuestiones planteadas. Con todo, cabe señalar dos aspectos positivos en la propuesta: la disminución de la comisión para las AFP y de la cuota del seguro de invalidez, y la garantía de una pensión mínima de 207 dólares para todos los que ganan entre uno y dos salarios mínimos.

Sin embargo, pese a que supone una ligera mejora en el monto de las pensiones, la propuesta no ofrece una pensión que permita vivir de manera similar a cuando se trabajaba; los ingresos del jubilado disminuirían en más de un 50% respecto a su sueldo como trabajador. Además, la ampliación de la cobertura del sistema se supedita a posteriores regulaciones, lo cual es peligroso, pues pueden pasar décadas antes de aprobarse, como ocurrió con la prestación económica por renuncia voluntaria estipulada en la Constitución. Aunque la reforma habla de pensión universal, para todos los adultos mayores, no define los mecanismos para ello, ni el monto de la misma, ni las fuentes de financiamiento. Tampoco resuelve el problema de la deuda previsional, pues el nuevo sistema mixto sería deficitario en la parte administrada por el Instituto Nacional de Pensiones. Por ende, sería necesario seguirse endeudando para pagar las pensiones, tanto de los actuales beneficiarios como de los futuros. En realidad, la reforma propone cambios que son más de forma que de fondo. El pago de la deuda previsional acumulada y la necesidad de mejorar el monto de las pensiones obligan necesariamente a cambiar los parámetros del sistema actual, aumentando tanto la tasa de cotización como la edad de jubilación.

Para abordar debidamente el problema, este debe despolitizarse, buscando una solución acorde a la realidad, que tenga en cuenta la dignidad de los adultos mayores y no cree un problema fiscal irresoluble. Se requiere de una reforma que busque el bien común, que evite que los pensionados pasen a ser parte de la población pauperizada, que asegure una pensión incluso para quienes no cumplen las condiciones mínimas exigidas para ello y que garantice la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo. Insistir en que hay que mantener las edades establecidas para la jubilación y las actuales tasas de cotización, pregonar que las cuentas de ahorro privado son intocables y que el sistema privado es mejor que el público, sin a la vez ofrecer soluciones que aseguren una mejor pensión y que permitan pagar la deuda previsional, es equivalente a cerrar los ojos, trasladar los problemas al futuro y empujar al país hacia una grave crisis en la que todos pagaremos los platos rotos.