Caros errores políticos

Se esperaría que los políticos, aquellos en los que se ha confiado la dirección de un país, tomen las mejores decisiones, pensando en el bien de la nación y en el bienestar de todos sus ciudadanos. Sería de esperar que a la hora de hacerlo, valoraran las posibles consecuencias, los costos y beneficios de sus decisiones. Pero en El Salvador la política no funciona así. Muchas de las decisiones que se han tomado o han dejado de tomarse están teniendo un impacto negativo en la economía del país y, por tanto, en la vida de la gente, en su bienestar. Algo que al parecer les tiene sin cuidado a nuestros políticos. Basten tres ejemplos para ilustrarlo.

El primero, muy claro y actual, es el impacto económico que está teniendo la decisión de la anterior legislatura de elegir indebidamente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República. Esta mala decisión, tomada conscientemente por los partidos políticos y en contra de la opinión de muchos actores de la sociedad, ha resultado ser inconstitucional. Esto ha provocado, además de un grave conflicto entre los poderes del Estado, inseguridad jurídica e inestabilidad política. Dos dinámicas que ahuyentan las inversiones, desincentivan la creación de empleo y deterioran la imagen de El Salvador en el exterior. Solventar este problema, que se generó por un voluntario error político, está requiriendo muchas horas de trabajo, muchos esfuerzos, largas reuniones y negociaciones, que tienen un alto costo y distraen al país y a sus dirigentes de problemas más graves y acuciantes, como la delincuencia y la mala situación económica.

Otro ejemplo es el de la minería metálica. La indecisión del Gobierno y la Asamblea Legislativa para consensuar y aprobar una ley que prohíba esa actividad puede costarle a El Salvador cientos de millones de dólares en indemnizaciones a empresas a las que se les permitió hacer exploraciones mineras. Aunque los costos podrían ser más elevados si se aprobaran las explotaciones mineras que estas empresas pretenden llevar adelante, pues destruirían una buena parte de las montañas del país, contaminarían las fuentes de agua y pondrían en riesgo la vida de mucha gente. Una ley que prohíba la minería metálica es imprescindible si se quiere proteger el ecosistema y la vida en El Salvador. Ojalá se tome en serio y se le dé prioridad a la propuesta de ley recientemente presentada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cuanto más tiempo se postergue su aprobación, más altos serán los costos a pagar.

El tercer ejemplo es la equivocada decisión de crear un sistema privado de pensiones y transferir a este a todos los trabajadores que en aquel momento (1996) tenían menos de cuarenta años de edad. Esta decisión ha tenido como consecuencia la quiebra del sistema público de jubilación, un mayor gasto a cuenta del Presupuesto Nacional para hacer frente al pago de las pensiones y un deterioro de los fondos de los trabajadores afiliados a las AFP. Seguir con el sistema privado tendrá un alto costo para el país y pondrá en una situación muy vulnerable a los trabajadores, que al jubilarse obtendrán pensiones del todo insuficientes para cubrir incluso las necesidades más básicas.

Como hemos visto, las malas decisiones de nuestros políticos tienen un alto costo. Un costo que impide que la economía nacional sea próspera y que la gente tenga un mayor bienestar. La situación económica es fuente de honda preocupación para la mayoría de la población, que cada día tiene que enfrentarse al alto costo de la vida, al desempleo, a las dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. El hecho de que en los últimos años nuestra economía no haya crecido en promedio más allá del 1% anual muestra la incapacidad política de resolver adecuadamente algo que es fundamental para la vida en El Salvador.

Es urgente cambiar esta situación, y para ello se requiere un cambio de actitud tanto en los políticos y los empresarios como en la población en general. Debemos tomar conciencia de que toda decisión afecta a la economía y de que antes de optar por una acción es necesario valorar sus costos y beneficios económicos para la mayoría de la gente, no solo para los intereses particulares de unos pocos. El Salvador necesita un desarrollo económico sostenible e incluyente. Es tiempo de buscar el camino que nos conduzca a ello, en lugar de seguir tomando malas decisiones que están dinamitando nuestra frágil economía.