Casos fabricados

En El Salvador se fabrican casos que inculpan a inocentes. Por venganza, por deseo de llenar cuotas o incluso por confusión y falta de preparación, hay policías que lo hacen. Hace años se hizo público un video en el que un alto oficial de la PNC daba la orden de poner droga en el carro de alguien a quien se quería inculpar de delitos. Hay evidencia de que se siguen fabricando casos. Algunos fiscales, sobrecargados de trabajo, los aceptan porque parecen claros y fáciles. Sin embargo, las pruebas son falsas o han sido forzadas. El resultado es la condena de un inocente. Ni la PNC ni la Fiscalía disponen de cuerpos técnicamente eficientes, especializados y con voluntad de investigar casos sospechosos. La persona a la que se le monta un juicio falso tiene pocas posibilidades de defenderse, especialmente si es pobre. Entre los jueces, además, no faltan los que llevan ya escrita la sentencia a las audiencias preliminares, sin prestar mayor atención a la defensa de los acusados.

Aunque aún no es posible establecer el número ni la frecuencia de casos fabricados contra inocentes, es significativo el hecho de que en el lapso de pocos meses lleguen varias denuncias creíbles a instituciones que velan por los derechos humanos. Y todavía es más significativa la incapacidad de la PNC cuando se le reclama o se le pide que investigue a fondo la situación. Generalmente, escuchan y contestan con amabilidad, pero los casos siguen adelante sin que los agentes involucrados reciban la adecuada sanción y sin que las víctimas se liberen de los efectos nocivos y perjudiciales de la falsa imputación. La situación, pues, es preocupante. Lo que estamos viendo ya no son falsos casos de resistencia a la autoridad, con los que se hostigaba a los jóvenes de los barrios marginales. Ahora se acusa de pertenencia a banda terrorista, robo agravado y otro tipo de delitos con una penalidad mucho más alta. Con frecuencia se critica el autoritarismo, la manipulación y el abuso de autoridad que se dieron en la PNC durante las administraciones de Mauricio Sandoval y Ricardo Meneses. Tal y como van las cosas, la historia se repetirá.

Esta corrupción de la Policía tiene diferentes causas. El bajo salario de los agentes de base es sin duda una de ellas. Quienes diseñaron la institución quizás pensaron que oficiales y mandos superiores bien pagados podrían controlar mejor los desmanes cometidos por sus subalternos. Pero la fuerte desigualdad salarial no ayuda a controlar la situación. Por el contrario, la agrava, porque es el policía de base el que arriesga la vida con frecuencia, el que persigue y el que se ve forzado a tener resultados a pesar de su deficiente paga. Y si además se ofrece algún tipo de compensación por el número de detenciones, el riesgo aumenta. Los jefes, desde sus escritorios y desde la estructura autoritaria de la PNC, difícilmente caen en la cuenta de las posibilidades de montar casos que tienen quienes lidian día a día con la inseguridad.

En estas circunstancias, urge una doble política. Los miembros de base de la Policía deben tener un mejor salario. Pero, al mismo tiempo, se les debe investigar a fondo cuando se presenten denuncias en su contra, especialmente cuando haya sospechas de que han montado un caso falso con la intención de obtener beneficio económico, por venganza, por abuso de autoridad o cualquier otra causa. Dejar pasar las cosas con la justificación de que es necesario atacar con todo a los delincuentes da alas a un modo de actuar característico de regímenes autoritarios y militaristas, algo que no necesita El Salvador y que a la larga complicará aún más la convivencia social.