Castigos colectivos

“Las sanciones afectan profundamente la realidad de las personas; no son solo una medida política”. Con esta afirmación, el Concilio Mundial de las Iglesias, la Alianza Evangélica Mundial y Cáritas Internacional presentaron, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el informe titulado “Evaluación del impacto de las sanciones en la labor humanitaria”. El tema es relevante dada la tendencia planetaria a imponer sanciones a ciertos países. Si se pierde de vista que por lo general ese tipo de castigos afecta a la población más pobre, se corre el riesgo de terminar justificando un problema humanitario. El terremoto que en febrero asoló parte de Siria ha demostrado que las sanciones contra el autoritario Gobierno sirio impiden que llegue ayuda a los damnificados por el sismo y a las víctimas de la guerra interna. Así, estas personas se vuelven víctimas tanto de la guerra y la naturaleza como de las sanciones.

Cualquier castigo contra grupos sociales entraña el peligro de afectar a inocentes y dejar impunes a quienes han delinquido o violado normas. En El Salvador, la persecución a las bandas criminales —algo muy necesario— ha derivado en actuaciones que han aumentado algunos de los problemas sociales existentes. Si antes de la llamada “guerra contra las pandillas” había niñez desprotegida, los casos de niños desprovistos de apoyo familiar han aumentado en muchos de los barrios y zonas en los que la Policía y el Ejército llevan a cabo redadas masivas en las que reina la arbitrariedad. El daño a los niños se extiende mientras algunos líderes del crimen se esconden y permanecen en la impunidad.

Por supuesto, hay que perseguir el crimen, pero no de cualquier manera, sino desde una investigación seria, una comprobación clara de los delitos y sin “daños colaterales”, como irresponsablemente se llama a las víctimas inocentes de la lucha del Estado contra las maras. Los niños no pueden ni deben pagar los delitos de sus progenitores, y mucho menos sufrir la separación de ellos cuando no hay pruebas de culpabilidad de los detenidos. Aunque es cierto que se ha liberado y reconocido la inocencia de un pequeño porcentaje de los apresados, lo real es que el daño a las familias ya está hecho. Además, en general, la liberación no es obra de una gestión estatal, sino del intenso esfuerzo de los familiares, quienes buscan y presentan pruebas de arraigo, de trabajo y de honradez de sus parientes. Una labor que drena muchísimo tiempo, ánimo y recursos.

Tener en cuenta que las sanciones contra poblaciones enteras o sectores sociales amplios producen dolor y daño a inocentes es indispensable tanto en la política internacional como en la actividad local. Implementar políticas de prevención y mitigación de daños, en particular de protección de la infancia, resulta obligado si de verdad se cree, como habitualmente se dice, en el interés superior del menor. Acelerar y facilitar los procesos de demostración de inocencia de los detenidos es otro de los pasos que el Estado debe dar en medio de la aplicación de un régimen de excepción que lleva ya un año de existencia y bajo cuya sombra se ha impuesto una lógica de detenciones arbitrarias. Es importante repetirlo: las sanciones y castigos generales siempre dañan a inocentes.