Ciego legalismo

Desde su nacimiento, el proyecto del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss) ha sido muy cuestionado, porque es presa de la eterna, y muchas veces estéril, confrontación entre la derecha y la izquierda. La medida cautelar ordenada por la Sala de lo Constitucional el 9 de mayo, que le quita la exclusividad al carril del Sistema, ha añadido más crispación al asunto. Las posiciones a favor y en contra de la medida pasan por la criba de la opción partidaria. Seguramente, los que se oponen al proyecto actuarían distinto si quien lo ejecuta fuera una empresa afín a la derecha. En este contexto, los que defienden a la Sala o, mejor dicho, los que apoyan todo lo que menoscaba al Gobierno aplauden la medida cautelar argumentado que se violentaron las leyes del país.

A excepción de El Diario de Hoy y de algunos que piensan con el hígado, ninguno de los que apoyan la más reciente decisión de la Sala ha atacado al Sitramss en sí mismo, ni siquiera los firmantes de la demanda de inconstitucionalidad. Lo que contrarían, dicen, es la manera en que se hizo. Por contrapartida, para los que ven en la Sala a un instrumento de la derecha, esta medida pareciera ser la gota que ha rebalsado el vaso. “Ya estamos cansados de ser sumisos y cumplir sus sentencias”, declaró el Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, palabras que fueron repetidas por el Secretario General del FMLN y que han tenido eco en los militantes del partido, muchos de los cuales actúan impulsivamente.

A los partidarios de Arena les mueve seguir debilitando al Gobierno; a los que defienden a la administración de Sánchez Cerén los une su aversión a Arena; y a los dueños del caótico servicio de buses les molesta no haber sido incluidos en el pastel del Sitramss. Ninguno de estos sectores tiene en el centro de sus preocupaciones el bienestar de los salvadoreños que utilizan la línea azul de transporte rápido. Ciertamente, el Sistema nació con deficiencias tanto técnicas como legales, que lo condenaron a ser bloqueado tarde o temprano. Pero el proyecto debe defenderse en la medida que representa un salto trascendental en el transporte público, casi una revolución para beneficio de los más pobres. Nunca nadie invirtió tanto en un transporte para ellos. El Sitramss transformó la ciudad y dignifica a miles de salvadoreños al ofrecerles transporte rápido, seguro, cómodo y menos contaminante.

En definitiva, lo que está en juego es el dilema entre lo que se denomina legitimidad de origen y legitimidad de resultados. Parece que hay consenso en que, por sus resultados, el Sitramss es legítimo. Lo que está en cuestión es la legitimidad del origen, es decir, el proceso que se siguió en su implementación, y eso es lo que está en revisión en la Sala de lo Constitucional. Así lo ha externado uno de los magistrados: no se está valorando el servicio que se presta. La Sala actúa dentro de la lógica jurídica (“la ley es la ley”), cerrando los ojos a otros tipos de lógicas, como las sociales. Como se sabe, no siempre cumplir la ley es hacer justicia. Por muy juez que se sea, especialmente en el máximo tribunal nacional, no se pueden obviar ingenua o irresponsablemente los efectos políticos, económicos y sociales de una decisión judicial. Entender los efectos nocivos para los sectores populares como “daños colaterales” es propio de militares, no de juristas.

Los detractores de la Sala han asumido a priori que la medida cautelar provocará desorden y caos. El Sitramss es del pueblo, afirman, lo cual no es cierto: está al servicio de la gente, sí, pero es una empresa privada. A los que critican el Sistema les duele que los dueños sean afines al FMLN y no ellos. Aseguran que la medida cautelar agilizará el tráfico; algunos insensatos incluso han pedido demoler la infraestructura. Lo seguro es que los afectados serán los usuarios del Sistema, que verán mermada su eficiencia característica. Ya decía alguien que en la clasista sociedad salvadoreña no se puede digerir que una persona llegue antes en bus que en automóvil. Los pobres no pueden tener un servicio cómodo, seguro y rápido; deben resignarse al pésimo servicio y a los desmanes propios del transporte público tradicional. ¿No había otro camino para corregir los vicios con que se implementó el Sitramss? ¿Es ético anteponer la visión legal al beneficio de la población que no tiene automóvil? Si lo que se buscaba era un equilibrio entre los demandantes y los demandados, como dice la Sala de lo Constitucional, ¿no había una manera más sensata de lograrlo?

El Sitramss es un avance, y por el bien de todos debe continuar. Pero hay que regularlo, corregir sus anomalías. Los salvadoreños merecen un sistema de transporte digno. Este debe ser el horizonte para buscar una salida al presente conflicto, dejando de lado intereses electoreros y económicos, y el ciego legalismo.