Contra el periodismo crítico

La UCA ha opinado de un modo constante y sistemático sobre los problemas del país. Y siempre ha dicho que la solución a dichos problemas debe venir por la vía del diálogo informado, la racionalidad, el pleno acceso a la información pública y la búsqueda del bien común y de la verdad. Aunque haya divergencias y diferencias en las decisiones finales, que son normales, un diálogo sincero y bien estructurado abona al buen desarrollo de la democracia y al bienestar social. En la búsqueda de solución a los problemas suelen jugar un papel importante los periodistas. Están en contacto con la realidad, la indagan, contrastan la información con diferentes fuentes y, cuando hay profesionalismo, método y ética, proceden con la seguridad de que la verdad ayuda a construir democracia y valores morales. Los yerros del periodismo nacional han sido a causa de la agenda política e intereses sectoriales de los dueños de ciertos medios de comunicación, o de la falta de profesionalismo y ética de algunos periodistas. Del otro lado de la moneda, flaco favor ha hecho el poder político al sano ejercicio del periodismo cuando en vez de responder a los reportajes sobre irregularidades con diálogo e información, lo hace descalificando a sus autores o, en el peor de los casos, con insultos o agresiones.

En El Salvador la información veraz ha sido entendida con frecuencia como ataque al poder político o económico. Los largos tiempos de dictadura militar y de guerra civil crearon ese hábito. La tergiversación de la realidad ha sido frecuente no solo en el Estado, sino también en otras instancias particulares investidas de poder. Los escuadrones de la muerte tuvieron financistas que, a pesar de que sus nombres circularon incluso en informes internacionales, han conseguido conservar la apariencia de demócratas. Diputados o funcionarios de alto nivel que han cometido delitos acaban saliendo libres a base de mentir, cambiar los hechos y servirse de negociaciones espurias para conservar sus puestos. Quienes insisten en la verdad y en la necesidad de deducir responsabilidades sueles ser tratados como malos, inmisericordes o vengativos.

En la actualidad, tanto personas como instituciones ven con preocupación la tendencia gubernamental a impedir el acceso a la información pública Abundan las mentiras y se bloquea e insulta a periodistas y medios que buscan con honestidad la verdad y realizan una función crítica de positivo influjo para la democracia. De forma muy poco racional, algunos funcionarios de alto nivel tienden a enfrentar los derechos humanos de las víctimas con los derechos humanos de los victimarios, como si los derechos de los primeros anularán los derechos de los segundos. Acusan de mentirosos a quienes no piensan como ellos y tratan de quitar credibilidad a quienes ofrecen noticias en base a documentos. Utilizan las redes sociales para denigrar y, lo que es más grave, algunos medios controlados por el Estado a través del Conab para mentir y atacar sistemáticamente a opositores.

Las baterías se enfilan contra ciertos periodistas en particular, tratando de desprestigiarlos. No se investigan hurtos sospechosos cometidos contra periodistas y al mismo tiempo la Fiscalía abre investigaciones contra medios a partir de denuncias anónimas, ni siquiera aceptadas por las presuntas víctimas. Medios administrados por el Conab lanzan acusaciones falsas contra abogados que defienden a periodistas mientras aumenta la tensión entre el Gobierno y una buena proporción de profesionales de la información. El relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho claramente que “hay indicios y acciones del Gobierno que afectan el ejercicio de libertad de expresión y el trabajo del periodismo en El Salvador”. Denuncia también “el uso de las redes sociales para acosar periodistas, sobre todo aquellos que investigan o presentan temas que involucran rendición de cuentas o cuestionan al Gobierno”. Y menciona como antecedentes de este tipo de abusos a los expresidentes Hugo Chávez y Alberto Fujimori. Quizás el Gobierno de Nayib Bukele no pretende emular a Chávez o a Fujimori de un modo sistemático, pero para que no se pueda sugerir esa tendencia es necesario que cambie de estilo, reaccione más con datos que con insultos y esté abierto a la crítica.