Contra la reelección

En su editorial del viernes 16 de septiembre, la UCA insistía en que la búsqueda de reelección presidencial es una clara y directa violación a la Constitución, con graves consecuencias para el país. Seguir la ruta de Daniel Ortega y de Juan Orlando Hernández no augura algo bueno para El Salvador. Que el presidente haya hecho su anuncio cuando se celebraba la independencia centroamericana se presta a la interpretación de que, para él y los suyos, la independencia equivale a que el poder haga lo que le da la gana, sentando una piedra más para el reino de la arbitrariedad que el régimen construye desde 2019.

Conviene recordar las razones por las que la Constitución salvadoreña y otras de América Latina exigen la alternancia en el poder, rechazando la reelección inmediata. En el caso de nuestra nación, quienes aprobaron la Constitución partieron de la tendencia histórica de los mandatarios a perpetuarse en Casa Presidencial. Leer la historia latinoamericana es contemplar la facilidad con la que se daban golpes de Estado, fraudes electorales y, en general, un mal uso del poder para fines particulares. Atendiendo a ese contexto es que se concluyó que la alternancia en el poder y la independencia de poderes garantizaban un ejercicio gubernamental más trasparente y sujeto a revisión.

Los diputados constituyentes de 1983 aumentaron las prohibiciones que ya la Constitución de 1962 imponía a la reelección. La de 1950, la primera Carta Magna salvadoreña, que trató de impulsar una democracia moderna y desarrollada, y que es la base de las dos Constituciones siguientes, también prohibía la reelección presidencial. En otras palabras, existe en el país historia y tradición en favor de la democracia y en contra de la reelección, más allá de los errores que los Gobiernos concretos hayan tenido. Aun en medio de sus contradicciones, los diputados constituyentes eran conscientes de lo que la tradición democrática decía desde sus orígenes.

En uno de sus libros clave, la Política, Aristóteles afirma que “las ventajas y utilidades que proporcionan el poder y la administración de los asuntos públicos determinan en todos los hombres el deseo de perpetuarse en el ejercicio del poder”. Y añade una frase lapidaria: “El poder corrompe hasta aquellos que son los mejores”. Hace menos tiempo, un célebre historiador inglés sentenciaba lo siguiente: “El poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente”. La permanencia en el poder ha solido estar acompañada del abuso, la persecución del disidente y la corrupción. Por esa razón, las democracias, especialmente las que tienen un sistema presidencialista, han tendido a limitar la reelección. La independencia de poderes, indispensable en la democracia, es más difícil cuando una persona se mantiene por mucho tiempo en la presidencia. A mayor poder del Ejecutivo, además, con mayor facilidad se violan los derechos humanos.

Cuando hoy se ataca a toda persona o institución defensora de derechos humanos, se burla la ley con pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia carentes de racionalidad jurídica, se interpreta la cantidad de votos obtenidos como una delegación de poder absoluto que da derecho a la arbitrariedad y se pretende permanecer en el poder torciendo la legalidad, es necesario y urgente defender la Constitución. En particular, la academia, responsable de producir y compartir conocimiento, debe desde sus saberes defender el Estado de derecho, el gobierno de leyes por encima del gobierno de personas; defender el entendimiento racional y sujeto a valores democráticos.