Schafik Handal, Salvador Sánchez Cerén, Hugo Martínez y otros connotados miembros del FMLN demandaron en diversas ocasiones la derogación de la amnistía. A muchos de ellos les parecía demasiado blando que la UCA pidiera, en sustitución de aquella, una ley de reconciliación que permitiera el acceso a la verdad y la reparación a las víctimas desde el concepto de la justicia transicional. Por eso llama poderosamente la atención que el Vicepresidente de la República diga hoy que la anulación de la ley de amnistía creará un “escenario de caos, venganza y violencia” y que dicha normativa es un “puente tendido sobre ríos de sangre”. ¿Quería el FMLN volver al caos y a los ríos de sangre cuando pedía la derogación? Ser político y decir lo que convenga según sean las circunstancias no siempre es lo más adecuado, ni hablar de lo correcto. Y el Vicepresidente lleva ya una lista de afirmaciones incongruentes tanto con posiciones tradicionales del partido al que pertenece como con los derechos humanos. De esto último, además, no parece saber mucho.
Leer la sentencia en detalle y reflexivamente, haciéndose acompañar por quienes entienden y no por quienes gritan, le ayudaría a los políticos a ser más cautos y a debatir racionalmente un tema que no tiene nada que ver con el caos y la violencia. El FMLN quedaría deslegitimado como partido de gobierno si fuera incapaz de controlar disturbios generados por la derogatoria de una ley opuesta a los derechos de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y considerada inconstitucional por el máximo tribunal del país. Si las afirmaciones del Vicepresidente son serias, habría que pensar que está reconociendo la incapacidad del Ejecutivo de mantener el orden público.
Si el FMLN reparara en las indicaciones de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que apuntan a una ley de reconciliación dentro del marco de la justicia transicional, podría trabajar en un proyecto legal que responda al derecho de las víctimas a la verdad, que busque formas de reparación (especialmente en el ámbito moral), que no use la justicia como venganza sino como camino de restituir la dignidad de quienes sufrieron atropellos y que ofrezca mecanismos jurídicos de perdón, condicionados a la colaboración con la verdad y con la petición de perdón a las víctimas. ¿Es demasiado difícil? No lo creemos. A los problemas hay que acercarse con inteligencia y no cayendo en el griterío fácil y en las amenazas apocalípticas. La reconciliación y los puentes se construyen en diálogo franco y sincero con las víctimas, no con contubernios entre victimarios.
El país necesita reconciliación. Y esta se logra desde la verdad, la justicia —entendida especialmente como reparación— y el perdón generoso ante el reconocimiento de la barbarie acontecida. Dejar en el olvido a las víctimas y en total impunidad a los victimarios puede ser fácil para los más fuertes, pero lleva siempre a la ruptura del tejido social. Nuestros políticos tienden a pensar que la cohesión se construye con leyes. Pero las leyes sin diálogo con los que sufren no llevan nunca a la democracia ni a la convivencia social pacífica. Mucha gente empobrecida por la injusticia social confió en el FMLN porque su lenguaje hacía presuponer una mayor preocupación por la dignidad humana. Pero actitudes como la del Vicepresidente llevan a dudar de si aún existe en el partido esa preocupación.
La gente sencilla, que fue mayoría entre las víctimas de la guerra, no está armada ni quiere matar a nadie. Quienes tienen relación con los salvadoreños del campo saben que esto es una verdad sólida. Lo que toca ahora es, en vez de usar un lenguaje grandilocuente y agresivo, reflexionar y darle una salida legal a una necesidad de reconciliación que truncó la ley de amnistía. La legalidad es importante, pero la amnistía decretada en 1993 se limitó a despreciar a las víctimas, sabiendo que la gran mayoría de las mismas eran pobres. Y una legalidad de ese tipo siempre trae más problemas de los que resuelve. Aprovechar la oportunidad de una sentencia justa es lo más humano y ético para recomponer situaciones de injusticia y construir un futuro sobre la igual dignidad de las personas.