Crisis institucional

A la población no le cuesta trabajo entender que hay crisis económica porque vive en carne propia la subida de los precios de los alimentos y la falta de fuentes de empleo, por solo mencionar dos factores. Lo mismo ocurre con la crisis de seguridad: basta con salir a la calle o leer las noticias para constatarlo. Pero cuando se nos dice que hay crisis de institucionalidad o de gobernabilidad en el país, comprender de qué se está hablando no es tan sencillo. Mucha gente solo entiende que la política es cosa sucia y que los pleitos que en esta esfera se dan no afectan directamente el diario vivir.

En realidad, El Salvador está sufriendo en estos días la que quizás es la crisis más seria desde la firma de los Acuerdos de Paz. ¿Cómo entender este pleito entre poderes del Estado que llena las páginas de los periódicos y los espacios de los noticieros? ¿Qué es lo que está sucediendo? Para decirlo en palabras sencillas, la gobernabilidad es la capacidad para tomar decisiones y hacerlas efectivas. En estos momentos, en el país no hay capacidad para hacer efectivas algunas decisiones porque la Sala de lo Constitucional no reconoce el ya tristemente famoso decreto 743 de la Asamblea Legislativa, que le manda a decidir las demandas de inconstitucionalidad por unanimidad. Simultáneamente, la Asamblea no reconoce las sanciones de la Sala mientras esta no se ciña a lo que manda el decreto. Por este impase se habla hoy de una crisis de gobernabilidad que puede tener consecuencias muy graves para el país.

En lo fundamental, esta crisis tiene que ver con la forma en que los partidos políticos se reparten las instancias de poder. Desde julio de 2010, los magistrados de la Sala de lo Constitucional han dictado sentencias que van en contra de ese modo tradicional de actuar. Si los partidos violaron la ley al decidir por decreto que siguieran existiendo el PCN y el PDC, la Sala resolvió que se cumpla la ley y abrió la puerta a la cancelación de ambos. Si los diputados le deben más fidelidad al partido que al pueblo, la Sala ha dicho que se puede aspirar a ser diputado sin pertenecer a ningún partido. Si los partidos son los que deciden quién puede ser diputado, la Sala ha mandado que sea la ciudadanía la que decida quién es su representante votando directamente por el candidato de su preferencia. Si los diputados eligieron a sendos representantes del PCN y PDC para magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la Sala mandó la destitución de esas personas para que se cumpla la ley.

En definitiva, las sentencias de la Sala de lo Constitucional le han movido el piso a todos los partidos para que cumplan la ley y no se repartan el poder a su antojo. Por eso quieren quitarse de encima a los cuatro magistrados. Y la manera en que decidieron silenciarlos fue mediante el decreto en cuestión, que se aprobó violando el procedimiento correcto y cuyo contenido es a todas luces antijurídico. Esta lamentable maniobra de los partidos de derecha contó con el aval del Presidente de la República; una decisión que ya le ha acarreado un costo político que parece irreversible.

Con argumentos que solo despiertan suspicacia, Arena ha reconocido su error y ha pedido la derogación del decreto 743. Por su parte, el FMLN se niega a derogarlo amparándose en un razonamiento que lleva a pensar que quizás está de acuerdo con la intención del decreto y que sus móviles no son tan diferentes a los de los partidos de derecha.

Así, una sucia maniobra de los partidos de derecha está dejando como perdedores al Frente y al presidente Funes; perdedores en cuanto a costos políticos y desprestigio se refiere. Pero más aún pierde en este escenario el pueblo salvadoreño y su incipiente democracia. Por el momento, la solución de este impase radica en que el FMLN se comprometa a votar por la derogatoria del decreto. Por ello, le pedimos, le exigimos que actúe pensando en el bien común, no en su conveniencia de corto plazo o, menos aún, bajo la lógica de un comportamiento político que claramente ha sido repudiado por la ciudadanía.