Para que un país funcione se necesita tener confianza en sus instituciones. Y aunque no es el único caso, conviene comenzar la reflexión por el Tribunal Supremo Electoral. Cuando la Sala de lo Constitucional mandó abrir urnas y repetir el conteo de votos, algunas personas, incluidos miembros del Tribunal, sondearon la posibilidad de que alumnos de universidades hicieran el recuento. El Presidente del organismo rechazó la idea diciendo que si los jóvenes participaban en la tarea, se podría perder la confianza en el Tribunal. Después de toda esta larga historia de conteos y recuentos, de lentitud, frases ridículas y metidas de pata, de gritos de sabotaje propios de una mala película de guerra, y de demostraciones tanto de desorden como de ineficacia, decir que se puede perder la confianza en el Tribunal si llegan universitarios al conteo de votos no solo da risa, sino que hace dudar de la capacidad del magistrado presidente para darse cuenta de la situación en la que él mismo mantiene al TSE. Porque la confianza está ya muy deteriorada. Y lo que buscaban quienes inteligentemente solicitaban el apoyo universitario en el conteo de votos era precisamente recuperar algo de lo perdido. Pero el Presidente del Tribunal parece no percatarse de la realidad ni del desastre de su gestión. El simple hecho de que la Sala de lo Constitucional ordene un recuento de votos demuestra el caos administrativo y gerencial imperante.
El problema es que el recuento de votos por parte de miembros del Tribunal implica reeditar la crisis previa. En su gran mayoría, los empleados del organismo responden a cuotas partidarias. Fuera de los dos miembros nombrados por la Corte Suprema de Justicia, se pone como magistrados (jueces y parte) a miembros de los partidos mayoritarios, y ese esquema se repite a todo nivel. La capacidad técnica y el profesionalismo son elementos secundarios. Lo que importa es la fidelidad perruna al partido. Ya se venía señalando la tendencia del Tribunal a repartir votos entre los partidos mayoritarios cuando había dudas o inconsistencias en las actas. Pero en este nuevo y lento conteo de votos, un poco más observado de lo normal, hemos contemplado desde supuestos errores de dedo hasta la acusación contra uno de los empleados del Tribunal de hacer nuevas marcas en papeletas de votación.
Desde hace años se reclama que se separen en el TSE las funciones administrativas de las jurisdiccionales. Hoy, además, habrá que reclamar, como ya se están oyendo voces, toda una reingeniería interna. La contratación por cuotas de miembros de confianza de los partidos grandes como empleados y técnicos es parte responsable de las dificultades y de la mala gestión en el Tribunal. Una mayor presencia de la sociedad civil ayudaría enormemente a la credibilidad de esta institución tan fundamental para la democracia. La contratación de personal por capacidad en vez de por recomendación de personajes en el poder, diputados y directivos de partidos, si bien es una necesidad en muchas instancias del Estado, incluida la Asamblea Legislativa, es más urgente en el Tribunal Supremo Electoral. La confianza en la institución no se gana refugiándose en sí misma y disimulando sus propias insuficiencias o mintiendo ante la opinión pública. Al contrario, se gana admitiendo la ayuda de sectores limpios de corrupción y politiquería, de profesionales independientes, y aceptando la crítica y auditoría ciudadana. De lo contrario, el Tribunal continuará estando fuera de tiempo, como lo está ya en este nuevo conteo de votos y como lo está en la credibilidad ciudadana.