Cuestión de respeto

En la víspera del Día Internacional de la Mujer, de nuevo la sociedad salvadoreña debió hacer frente a la perversidad y el engaño. El miércoles 7 de marzo, a menos de veinticuatro horas del merecido homenaje a quienes constituyen la mayor parte de la humanidad, en nuestro país fueron ejecutadas con crueldad extrema tres hermanas de entre once y diecisiete años de edad. En su humilde casa del cantón San Bartolo, Ilopango, Jennifer Yamilet —la mayor—, Elsy Yaneth y Silvia Esmeralda Calderón Martínez murieron a manos de criminales.

El lunes 5 de marzo, a sus sesenta y siete años, Elma Catalina de Morazán falleció violentamente dentro de su casa, en la colonia Quezaltepec, de Santa Tecla. La Policía Nacional Civil informó que la mataron a balazos dos jóvenes que aún no alcanzan los dieciocho años de edad. Elma era madrina de quien presuntamente jaló el gatillo. Tanto en el triple homicidio de las hermanitas Calderón Martínez como en este último caso, las primeras declaraciones policiales apuntan a que ninguna de las víctimas pertenecía a maras o pandillas.

En otro hecho fatal, ocurrido el domingo 4 de marzo en horas de la noche, Julia Marlene López Vargas, de cuarenta y cuatro años, fue ejecutada cuando se dirigía a su vivienda en el cantón Miralvalle, Sonsonate. Sobre este crimen no hay información. ¿Por qué traer a cuenta estos casos si desde hace casi cuatro décadas, con o sin guerra, en El Salvador la violencia es la regla? Primero, porque son cinco víctimas mujeres en pocos días, incluidas tres menores de dieciocho años, y puede que hayan muerto más durante ese período en todo el territorio nacional; víctimas en el país donde se comete la mayor cantidad de feminicidios por año. Segundo, porque la muerte violenta e intencional de una persona siempre es y será un hecho condenable. Tercero, porque de las cinco, cuatro no eran pandilleras y sobre la quinta no hay información al respecto (habrá que esperar los resultados de las indagaciones de la PNC para descartar o no dicha posibilidad). Y cuarto, por lo que le dijo Mauricio Funes a Jorge Ramos, el periodista de Univisión que lo entrevistó recientemente.

La indignación ante la perversidad de la que se hizo mención al principio tiene que ver con las dos primeras razones; las otras dos están relacionadas y provocan tal sentimiento por el engaño del discurso oficial. Sobre lo último, hay que citar algo que Funes afirmó en la entrevista con Ramos: "La mayor parte de los homicidios, yo diría que un 90% o más, no se refiere a homicidios cometidos contra población civil indefensa. Son fundamentalmente ajustes de cuentas, rencillas, ejecuciones sumarias que llevan a cabo los criminales entre sí por el control del territorio y por el control del narcomenudeo".

¿Eran las hermanitas Calderón Martínez parte de ese 90% o más que, según Funes y el ministro Munguía Payés, mata y muere violentamente en El Salvador? ¿O, como aseguran los investigadores policiales, no tenían nada que ver con esos grupos que desde los Gobiernos de Francisco Flores y Antonio Saca son el enemigo a aniquilar? ¿Qué le puede decir el actual Gobierno a la familia de doña Elma si todo apunta a que su ahijado lo que quería era robarle y no reclutarla para alguna pandilla o mara? Y la señora López Vargas ¿estaba disputándoles a los narcotraficantes el territorio entre la pupusería donde ella había cenado y su casa?

Se lanzan estas interrogantes a pesar del riesgo de ser consideradas como parte de lo que Funes ha llamado "campaña de algunos sectores de la izquierda radical". De "izquierdistas radicales", vale recordar, fueron tildados los jóvenes estudiantes universitarios que expusieron su pecho henchido de idealismo en aras de cambiar la realidad salvadoreña antes y durante la guerra. Jóvenes de la UCA, de la Universidad de El Salvador... También alumnas de secundaria, como estas niñas asesinadas sin ser pandilleras, aunque lo hayan sido quienes les arrancaron la vida a hacha y bala.

Esa juventud valiosa y valiente, allá por 1980, se inspiraba en estas palabras: "Tenemos que condenar esa estructura de pecado en que vivimos; esta podredumbre que presiona, lastimosamente, a muchos hombres a tomar opciones radicales y violentas. Los culpables son, precisamente, los que mantienen estas estructuras de injusticia social; que hacen perder la esperanza de que se pueda arreglar de otro modo, más que por la violencia. Ellos tienen que considerar que si queremos evitar estos caminos hacia la clandestinidad, hacia la violencia, hacia tantos desórdenes, tienen que empezar por quitar el gran desorden de su egoísmo y de su injusticia social".

¿Quién las dijo? Monseñor Romero. Con seguridad, inspirando y guiando a su pueblo, ese buen pastor ahora le estaría advirtiendo algo muy similar a los poderes reales y formales; seguro les exigiría respeto para las niñas y las mujeres que son asesinadas a diario; para las personas y organizaciones que denuncian la injusticia estructural y los malos gobiernos; para su pueblo... Quienes dicen tener a monseñor Romero de guía deberían ser los primeros en procurar ese respeto. Lo contrario es, simplemente, invocarlo en vano.