La semana pasada los periódicos informaron sobre algunos hechos internacionales que merecen ser comentados. El primero de ellos, muy positivo, es el apoyo que verbalmente se le ha dado, incluso a nivel presidencial, a la solicitud de los palestinos de ser reconocidos como Estado de pleno derecho, en un territorio que incluiría las zonas ocupadas por Israel después de la guerra de 1967. En esta emisora pensamos que Israel tiene derecho a existir, pero con la misma fuerza estamos convencidos de que Palestina tiene el mismo derecho y que el apoyo a su causa es importante incluso para el desarrollo de la paz a nivel mundial. A pesar de haber nacido en la tierra hoy ocupada por Israel, los palestinos han sido privados sistemáticamente de su derecho a nacionalidad. Han sido marginados, golpeados, privados de sus derechos básicos... se han convertido en víctimas sistemáticas de un Estado israelí que privilegia el empleo de la fuerza bruta sobre el diálogo. Apoyar el Estado palestino, y apoyar su reconocimiento territorial por parte de Naciones Unidas, es finalmente un servicio al propio Israel, que podría integrarse con mucha más seguridad en la zona que habita. Si bien los países árabes deben reconocer el derecho de Israel a existir, este debe dar el primer paso haciendo lo mismo con la nación palestina.
Los periódicos han resaltado también el exabrupto del presidente Chávez, de Venezuela, cuestionando la validez de la Convención Americana de Derechos Humanos y, de un modo muy explícito, de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es evidente que Chávez está coincidiendo en su mensaje con lo que en su tiempo decía el funesto Fujimori en Perú. La actitud de Chávez es claramente condenable y muestra que la derecha y la izquierda tienden a asemejarse cuando sus dirigentes en el poder reciben críticas sobre el respeto a los derechos humanos. En nuestro propio país, tanto Arena como el FMLN han despreciado las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en casi todos los casos en que la instancia ha intervenido, como en el de monseñor Romero y en el de los jesuitas. El expresidente Flores incluso dio unas declaraciones de un estilo parecido a las de Chávez y Fujimori. Si el Estado salvadoreño hubiera seguido dichas recomendaciones, no tuviera razón de ser el caso que hoy lleva en España el juez Velasco. Pero acá en El Salvador preferimos no cumplir con nuestras obligaciones internas, y menos todavía con las que se derivan de tratados internacionales. Y después, cuando sucede algo que no nos gusta, como el caso del juez Velasco, reaccionamos con un patrioterismo tan ridículo como absurdo, muy semejante al estilo de Chávez y de Fujimori, al menos en el tema de los derechos humanos.
Otro tema que ha recibido cierta atención es la condena al periódico El Universo, de Ecuador, que deberá pagar una multa de 40 millones de dólares por llamar "dictador" al presidente Correa y negarse a desdecirse. Aunque la multa es evidentemente desproporcionada, ningún periódico tiene derecho a catalogar como dictador a un presidente elegido constitucionalmente y contra quien no se ha elevado ningún caso de destitución por violación de las leyes. Como no se puede llamar imbécil o estúpido a un ciudadano por el hecho de que le caiga mal al dueño, editor o comentarista de cualquier periódico. Quienes en El Salvador se preocupan por la libertad de prensa, que es sin duda importante para la democracia, deberían también preocuparse por los derechos de las personas a ser tratadas con dignidad y respeto. La democracia se basa en el respeto a las personas, y los periódicos deben también respetar ese valor democrático, sabiendo informar sin insultar. Una medida o una tendencia de un presidente puede ser autoritaria, pero no por ello se le puede llamar dictador, como tampoco se le puede llamar ladrón sin tener pruebas. Ni a él ni a ningún ciudadano, por mucho que no le guste a quien escribe en el periódico la opinión política de su oponente.