El estudio y la medición de la pobreza multidimensional ha ido completando, en los países en desarrollo, los indicadores clásicos, que no reflejan plenamente la situación real de las personas. La relación entre el ingreso y el costo de la canasta básica permite establecer el número de personas en pobreza, pero es poco útil para formular políticas públicas que permitan erradicar el problema. En El Salvador, en tiempos de gobierno del FMLN, se presentó un excelente primer informe sobre pobreza multidimensional. El PNUD y expertos economistas internacionales, junto con un grupo de salvadoreños, formularon el esquema de carencias que debían analizarse y estudiarse. La Digestyc hizo la investigación respectiva y el grupo de expertos ayudó a sacar las conclusiones pertinentes. Sin embargo, no se dio el siguiente paso: diseñar políticas estatales de lucha contra la pobreza que tuvieran en cuenta el informe. Hoy día, el Gobierno de Bukele no muestra ningún interés en el tema. La supresión de la Digestyc, que deja en el limbo el estudio y manejo estadístico de la realidad del país, deja entrever una relación gubernamental con el problema de la pobreza que no va más allá de la limosna coyuntural y paternalista.
Recientemente, el PNUD elaboró, junto con la Universidad de Oxford, un informe mundial de pobreza multidimensional. Los resultados indican que hay bastante más gente en pobreza multidimensional que en pobreza extrema. Analizar la carencias familiares en los campos de la educación, la salud, la vivienda, el agua potable, el saneamiento, el acceso a nuevas tecnologías y la electricidad, entre otros, señala mucho mejor los frenos al desarrollo que el simple ingreso. Y da, además, la posibilidad de establecer políticas públicas racionales que incidan en las privaciones más frecuentes y con mayor capacidad de frenar el desarrollo familiar. Contar con buenas políticas de lucha contra la pobreza en estos tiempos de carencia económica, deuda creciente y desarrollo limitado o escaso debería ser una tarea de máxima prioridad. Mientras Gobiernos como el nuestro sigan pensando que la pobreza se combate con propaganda de obras espectaculares o con transferencias monetarias coyunturales y efectistas, seguirá aumentando la desigualdad. Creer que las remesas de nuestros hermanos en el exterior suplirán a largo plazo la falta de planificación en la lucha contra la pobreza no solo es ingenuo, sino irresponsable.
Por desgracia, la administración de Bukele entiende toda crítica económica o social como un acto de oposición política. El grupo reducido que toma decisiones y que las implementa con arrogancia y autoritarismo solo escucha a la sociedad civil cuando le conviene. Evidentemente, todo Gobierno debe tener una política de desarrollo nacional, con énfasis en favorecer a los más débiles y marginados. Sustituir la política pública con la propaganda no soluciona ningún problema. Aunque sin llegar a los extremos de algunos países africanos y asiáticos, la pobreza y la desigualdad son realidades lacerantes en El Salvador. No será con discursos de autoalabanza y de odio contra quienes no rinden pleitesía al líder que se construirá un país desarrollado. El estudio de la pobreza multidimensional ofrece un camino que el Gobierno y la sociedad civil deberían recorrer juntos para construir una política pública que contribuya al desarrollo equitativo.