De nuevo el salario mínimo

El sistema de fijación del salario mínimo necesita cambio. Los poderes económicos en el país están acostumbrados a hacer las leyes y la trampa. Se finge democracia a través de una instancia tripartita en la que están los sindicatos, la patronal y el Gobierno para, en teoría, decidir juntos la nueva tabla de salarios mínimos. Pero se arreglan y corrompen de tal manera las cosas que los propios sindicalistas acaban apoyando una posición patronal que va en detrimento de los trabajadores. Sindicalistas sin más valía que la habilidad para el timo. Se hacen pasar como representantes de los trabajadores sin prácticamente tener representación alguna. Sindicalistas que cobran jugosas dietas por participar en los mecanismos tripartitos de diversas instituciones.

La propuesta de la patronal es una ofensa que viola los principios básicos del trabajo. Por ley, alguien que barre en un trabajo agropecuario cobrará menos de la mitad que quien lo hace en un restaurante de la ciudad. El principio de la igualdad salarial (trabajos similares deben recibir la misma remuneración) queda machacado por nuestro sistema de diez salarios mínimos. Y la cuestión no parece interesarle a la empresa privada. Además, mantener tal diversidad de salarios mínimos supone la marginación y desprecio de ciertas labores. La dignidad del trabajo implica que al menos su mínima valoración salarial sea la misma para todas las personas.

La absurda y maligna costumbre de discriminar personas, trabajos y salarios viola de un modo patente la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Convención que, para mayor claridad, entiende por “discriminación racial” cualquier “distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico” que rompa la igualdad de derechos en las esferas económicas, políticas o sociales. La diferenciación y evidente maltrato del trabajo agropecuario es sin duda una distinción y restricción basada en origen. En un tema como este, el Procurador de Derechos Humanos debería pronunciarse.

El Gobierno había propuesto un aumento que llevara a 300 dólares la paga por el trabajo urbano, sin distinciones, y a 250 por el agropecuario. Aunque persistiría la desigualdad en el salario mínimo, se daría un paso en una dirección más decente y correcta que la de mantener diez salarios mínimos con una diferencia y desigualdad creciente entre el campo, la ciudad y la industria. Más coherente con los derechos humanos y las convenciones internacionales es la posición de monseñor José Luis Escobar, quien ha defendido sistemáticamente que un salario inferior a 300 dólares en El Salvador es injusto. La doctrina social de la Iglesia, de la que parte con razón nuestro arzobispo, insiste en que la justicia natural es siempre más importante que la libertad del contrato. Y entiende a la primera como el derecho del trabajador a recibir un salario que le permita a él y a su familia “una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual”. Con 109 o 120 dólares al mes eso es imposible.

En El Salvador se juega con los derechos humanos básicos con una ligereza impresionante. Ni los sindicalistas ni los empresarios quisieran para ellos o para sus hijos salarios tan denigrantes como los que fijan como mínimo para el trabajo agropecuario. La máxima evangélica de no querer para otro lo que no se desea para uno mismo está totalmente ignorada en el proceso de fijación del salario, aunque se digan cristianos quienes establecen los montos. La propia estructura del salario mínimo está marcada socialmente por la injusticia y cristianamente por el pecado. Pero por desgracia las consideraciones éticas y religiosas tienen poco calado en quienes pretenden liderar el país. En el anterior editorial, pedíamos que la propuesta de salario mínimo pactada fuera devuelta, con observaciones, por la Presidencia de la República al Consejo Nacional del Salario Mínimo. Con el mismo énfasis, repetimos: ¡Presidente, devuelva la propuesta!