De nuevo las pensiones

Ante la inminente reforma al sistema de pensiones anunciada por el Gobierno, la ANEP, Asafondos y algunas organizaciones sociales y sindicales han respondido con una defensa a ultranza del actual sistema, oponiéndose totalmente a la reforma, en particular a una que suponga volver a un sistema público de pensiones o incluso a uno mixto, público-privado. También se oponen a pasar de un sistema de capitalización individual a un sistema de reparto.

Lamentablemente, el Gobierno todavía no ha dado a conocer los términos exactos de su propuesta. Apenas ha dejado entrever algunos elementos: será un sistema mixto que ofrecerá una pensión a aquellos que en el actual sistema no han logrado cumplir con los requisitos mínimos para optar a una; y se mantendrán tanto los porcentajes de cotización vigentes como las condiciones requeridas para optar a una pensión: 55 años de edad para las mujeres y 60 años para los hombres, y contar con un mínimo de 300 cotizaciones. No se ha dicho nada sobre cómo se realizarán los cálculos para determinar el monto de las pensiones ni cómo se transitará del sistema actual al nuevo.

La manera en que el Gobierno está preparando la propuesta de reforma, sin la participación de los principales actores (los trabajadores y los empleadores), contradice los principios de participación y transparencia con los que dice querer distinguirse. Definir el sistema de pensiones de un país es un hecho trascendental, pues afecta a la sociedad en general. Por tanto, debe realizarse luego de una consulta amplia y con la participación de todos los sectores, buscando el mayor consenso posible. En el prematuramente desaparecido Consejo Económico y Social, durante la administración de Mauricio Funes, se convino que la reforma del sistema de pensiones era una necesidad y que debía tratarse y aprobarse en el seno del Consejo, por estar representada en él la mayoría de la sociedad.

Ahora bien, los opositores a la reforma defienden que la administración del sistema de pensiones siga en manos privadas e insisten en que se mantenga la dinámica individual de ahorro, es decir, que cada trabajador tenga a su nombre una cuenta con sus cotizaciones y los intereses generados por las mismas, y que ese fondo determine el valor de su pensión. Además, a su juicio, debe ser la hacienda pública (los impuestos de todos los salvadoreños) la que cubra los costos pendientes de la transición del antiguo sistema de reparto al actual. En definitiva, abogan por un sistema privado de pensiones, con cuentas personalizadas, que hoy por hoy no tiene ningún rasgo de solidaridad y que no es capaz de ofrecer a los cotizantes una pensión adecuada y coherente con los ingresos percibidos a lo largo de la vida laboral. Un sistema que mientras genera grandes beneficios a las empresas administradoras de los fondos, resulta oneroso tanto para los trabajadores como para la sociedad en general.

Lo que determina la bondad de un sistema de pensiones no es su naturaleza pública o privada, sino su capacidad para ofrecerles a los beneficiarios una pensión digna y acorde a los ingresos percibidos. Por otro lado, los sistema de pensiones deben tener la mayor cobertura posible, y ello requiere el componente solidario. Igualmente importante es su sostenibilidad, que puedan dar pensión a todos los cotizantes a lo largo del tiempo. Todo ello se puede conseguir tanto con un sistema público de pensiones como con uno privado. Pero según se elija uno u otro, deben establecerse condiciones diferentes para garantizar estos aspectos. Un sistema público bien planteado puede ofrecer mejores pensiones y ser más solidario, pero afronta más peligro de no ser sostenible en el tiempo. En cambio, un sistema privado garantiza con más facilidad la sostenibilidad, pero tiene costos altos y más dificultad para ofrecer una pensión adecuada al final de la vida laboral.

Sea público o privado, un sistema de pensiones debe fundamentarse en la responsabilidad; no ofrecer pensiones que impidan su sostenibilidad y comprometan el futuro de las siguientes generaciones. Y responsabilidad es lo que más ha faltado, tanto en los que defienden un sistema como en los que lo atacan. Es irresponsable no reconocer que el sistema actual es excesivamente oneroso para el trabajador, que no asegura una pensión adecuada y que resulta insostenible para las finanzas públicas. Igualmente irresponsable es pretender ofrecer una pensión universal digna manteniendo las tasas y el período mínimo de cotización actuales. Tan populista es decir que la reforma propuesta constituye el robo del siglo como afirmar que el paso a un sistema público o mixto resolverá el problema de las pensiones. Deshacer los errores cometidos en el pasado no es fácil. Pero es fundamental aprender de ellos para dar con una alternativa viable que no condene a la pobreza a los adultos mayores y que no siga perjudicando a la nación y comprometiendo su futuro.