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La propuesta de reforma al sistema de pensiones planteada por el Gobierno ha suscitado tantas y tan publicitadas reacciones que no queda duda que algo grande se está tocando con ella. Sus detractores esgrimen dos tipos de argumentos, unos de fondo y otros de forma. No nos ocuparemos acá de los argumentos de fondo; solamente queremos dejar apuntadas dos cuestiones al respecto. Por un lado, aprobar una propuesta de ley motivada más por la precaria situación de las arcas públicas que por el afán de dignificar a la clase trabajadora no resolverá el problema fiscal del país ni garantizará, como se debe, el derecho a una vejez digna. Por tanto, sería un error mayúsculo aprobarla. Por otra parte, las deficiencias de la propuesta del Gobierno no obligan a concluir que el actual sistema de ahorro individual es el mejor y que por ello hay que mantenerlo a toda costa, que es lo que en el fondo busca la feroz campaña mediática del sector empresarial. El sistema privado actual no garantiza un retiro laboral digno ni permanente, es excluyente y dejó sin recursos al sistema anterior de reparto, que también era inviable.
Dicho lo anterior, hay detractores de la propuesta del Gobierno que a falta de argumentos fundamentados para rebatirla recurren a la descalificación superficial y a las mentiras. Todos hemos sido testigos de la abrumadora y sucia campaña mediática que califica a la iniciativa gubernamental de “robo del siglo” y a los funcionarios de ladrones, y en la que se intimida abiertamente a los diputados para que no voten por la ley. Una campaña que ha sido retomada letra por letra por los periodistas y opinadores de pago de los grandes medios. En reacción, el Gobierno cayó en el juego y lanzó una campaña de respuesta, dando ocasión a que se le cuestionara por el dinero gastado en la misma. Para colmo de males, su campaña fue pésimamente diseñada.
Lo que llama la atención de los detractores ideologizados es su cinismo. Hay sectores de la derecha empresarial y de la política que tildan a la propuesta gubernamental de inconsulta y critican que no se haya discutido lo suficiente. Pero fueron ellos mismos los que apoyaron la dolarización y la entrada del país al TLC con Estados Unidos. ¿A quiénes consultaron para estas medidas? ¿Con quiénes se discutió? Por su lado, algunos diputados han manifestado que no darán sus votos hasta que no se explicite en la ley que el paso del sistema privado al público será voluntario. ¿Existió esa voluntad cuando privatizaron las pensiones? ¿Dejaron a todos los trabajadores escoger si seguían con el sistema de reparto o se pasaban a alguna AFP? Sin expresar prácticamente ningún argumento de peso, también se dice y repite machaconamente en los medios de la gran empresa privada que la medida descapitalizará a las AFP e implicará el robo de los ahorros a los trabajadores. ¿No hicieron eso cuando se crearon las AFP? ¿No se dejó sin fondos al sistema público y ello generó una deuda pública de grandes dimensiones?
El cinismo se amplifica cuando la gran empresa privada dice defender a la clase trabajadora, pues a lo largo de la historia del país más bien la ha trasquilado antes que defenderla. Si de verdad les preocupa tanto el bienestar de los trabajadores, ¿por qué no apoyan un aumento al salario mínimo que nos ponga en el camino de reconocer la dignidad de las personas? ¿Por qué se empeñan en defender un 3% de aumento anual que, además de ridículo, es ofensivo para el trabajador? Si defienden a la clase trabajadora, ¿por qué no invierten en la generación de empleo en lugar de llevarse el dinero a paraísos fiscales? En realidad, la defensa a ultranza del sistema actual y la desproporcionada campaña en contra de la propuesta del Gobierno tienen de fondo proteger la rentabilidad de las empresas que administran los fondos de pensiones. Y para lograr eso, no hay decencia mínima que les estorbe.
La dura realidad es esta: ni el actual sistema privado de pensiones ni el sistema mixto propuesto por el Gobierno les harán justicia a los salvadoreños. El primero tiene como fin primordial lucrarse de los ahorros de los trabajadores y el segundo resolver el hoyo fiscal. Más allá de defender uno u otro sistema, debe ponerse en el centro de la discusión la dignidad de la persona y consensuar un sistema que garantice un retiro decente, seguro y sostenible.
