Demandas ciudadanas

Por su origen histórico, lo común en cada Primero de Mayo es que la clase trabajadora enarbole demandas relacionadas con su situación laboral; es decir, incrementos salariales, reducción de la jornada laboral, mejoras en las prestaciones y en las pensiones, respeto y ampliación de derechos. Esas demandas estuvieron presentes en la marcha del pasado lunes en San Salvador. Los funcionarios públicos despedidos por el oficialismo, tanto del Gobierno como de las municipalidades, exigieron respeto a la estabilidad laboral y a la debida indemnización por despido. Por su parte, las gremiales magisteriales exigieron aumentos salariales y el respeto a la ley de la carrera docente. Otros grupos pusieron el énfasis en exigir el respeto al derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente y el cese de las prácticas de acoso a los afiliados y a los representantes sindicales. Sin embargo, la marcha de este año trascendió lo laboral; en la manifestación se encontraron una gran variedad de demandas que expresan la actual insatisfacción de diversos sectores de la sociedad salvadoreña.

Un grupo importante de los manifestantes reclamaban por el régimen de excepción y los abusos cometidos durante el mismo, y exigía la inmediata liberación de los detenidos arbitrariamente. Otro demandó la libertad de los presos políticos y poner fin a la persecución política. Otros se pronunciaron contra la reelección presidencial. No faltaron tampoco las protestas por el alto costo de la vida, que está afectando la economía de las familias de los sectores sociales con recursos más limitados. También participaron en la marcha grupos que exigieron el respeto a la Constitución de la República, al Estado de derecho y a la separación de poderes, y poner un alto a las violaciones a los derechos humanos. Dada la poca posibilidad de expresarse por otros medios, la manifestación del Primero de Mayo fue un espacio propicio para exponer el descontento ante los atropellos del Gobierno.

Por su parte, el Ejecutivo siguió su guion acostumbrado: utilizó a la PNC para obstaculizar la asistencia a la marcha de personas procedentes del interior del país; con retenes impidió el paso de buses hacia la capital. Además, al igual que el 15 de septiembre del año pasó, organizó una marcha en apoyo a su gestión, presionando a los funcionarios para que participaran. Quiso así dar la imagen de que también tiene trabajadores y ciudadanos de su parte. Fue esta una nueva muestra de que en El Salvador se irrespetan libertades fundamentales como el derecho a la libertad de expresión y manifestación.

Mucha atención debería poner la actual administración a este tipo de manifestaciones y a las diversas demandas. En lugar de bloquearlas y pretender acallarlas, impidiendo la participación masiva de la población, deberían escuchar las peticiones y reflexionar sobre las razones de fondo. En esto, como en otras muchas cosas, el Gobierno de Bukele no se distingue de los anteriores; padece del mismo mal: incapacidad de escuchar a la ciudadanía. Si los Gobiernos de Arena y del FMLN hubieran escuchado las demandas —ampliamente difundidas— de la gente y las hubieran atendido como correspondía, su historia política fuera totalmente otra, diferente a la bancarrota ética y electoral en la que se encuentran. Nada da pie para afirma que el destino de Nuevas Ideas será diferente.