Derecho a desinformar

Ante la presentación por parte del Gobierno del proyecto de ley de prevención de la violencia a la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa, sorprende que el punto que más ha preocupado y llenado espacios informativos es el artículo 30 de la propuesta, que pide a los medios de comunicación contribuir al tema autorregulándose en la cobertura de hechos violentos, en especial en la forma de presentarlos. La reacción del gremio ha sido exagerada y desproporcionada, pero acorde a su modo de responder cada vez que interpreta que el Estado busca controlarlo. Poner a sonar todas las alarmas en defensa de los derechos a la libertad de expresión y de información, y acusar al Gobierno de Sánchez Cerén de querer limitar dichos derechos está totalmente fuera de lugar.

Una reacción tan visceral ante un artículo que únicamente pide la autorregulación para prevenir la violencia y fomentar una cultura de paz no responde a un interés genuino por defender la libertad de expresión y de información. Más bien, los medios se amparan en esos derechos para desarrollar sus muy particulares agendas ideológicas y políticas. Derechos legítimos que utilizan a su antojo y conveniencia, pues en no pocas ocasiones son los primeros en limitar la libertad de expresión y de información en beneficio de los intereses de grupo a los que sirven.

Sus afirmaciones y argumentos en contra del artículo 30 y de su supuesto potencial de coartar la libertad de expresión y de información están basados en meras posibilidades, en fantasmas, en escenarios inverosímiles. Le atribuyen al artículo un poder que no tiene, pues, si se lee bien, sanamente, es fácil darse cuenta de que en nada limitará derechos democráticos. En esto hay algo claro: lo que los medios de comunicación exigen para sí no lo ofrecen al resto de la sociedad. El poder de los medios es real e importante; no en vano se le califica como el cuarto poder. Pero es un poder que algunas empresas utilizan sin escrúpulos, imponiendo agendas y convirtiendo en verdad lo que es mera opinión. Un poder que también ha servido para amasar fortunas a través de la venta de espacios publicitarios en desmedro de los informativos.

Estos medios que se presentan como paladines de la libertad de expresión y de información son los mismos que, cuando les ha convenido, han escondido la verdad y se han dedicado a desinformar a la población. Y de ello hay ejemplos tanto en el pasado como en el presente. Durante la guerra, ocultaron sistemáticamente los crímenes de lesa humanidad que tan comúnmente se perpetraban en nuestro país; hoy, desinforman sin ningún tipo de empacho sobre las propuestas de reforma al sistema de pensiones, y para ello recurren a análisis sesgados, defendiendo la propuesta que está en sintonía con sus principios ideológicos e intereses económicos. Son esos mismos medios los que a, través del gremio que aglutina a los principales periódicos y canales de televisión, han mostrado que harán todo lo posible para mantener el monopolio de la información en sus manos, oponiéndose férreamente a la democratización de la comunicación, buscando acaparar el mayor número de frecuencias posible en el espectro radiofónico y televisivo, en contra del derecho de comunidades, pequeñas organizaciones sociales y del mismo Estado.

La parcialidad con la que los medios han informado sobre el proyecto de ley de prevención de la violencia es otro ejemplo. Más allá de la casi histérica preocupación por el artículo 30 y de la exigencia de que el mismo sea eliminado —que, dicho sea de paso, no es trascendental para el objetivo de la ley—, el resto del contenido de la propuesta apenas les ha merecido interés, a pesar de versar sobre un tema ineludible para una de las sociedades más violentas del mundo. Su afán por impedir cualquier tipo de control, incluso la autorregulación, es mucho más relevante que ofrecer a la población un abordaje completo de la propuesta. Lo que correspondería sería analizar su contenido para dilucidar en qué podría contribuir a la superación de la situación de inseguridad ciudadana del país, y si abona a una lucha contra el crimen desde una perspectiva democrática y humana. Pero quizás vende más informar sobre el crimen y el delito que sobre prevención y paz.