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En el cierre de agosto, son varios los acontecimientos que nos llevan a reflexionar sobre los derechos humanos. Por un lado, algunas organizaciones que los defienden celebran el aniversario de su fundación confirmando su compromiso de seguir trabajando por la plena vigencia de los mismos en nuestro país. La Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos de El Salvador celebra sus 21 años de existencia, mientras el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) cumple 30 años de haber sido fundado. Ambas son instituciones que surgieron para apoyar y promover el respeto de los derechos humanos ante los graves crímenes que se cometieron durante el conflicto armado. Por otra parte, en 2010, el 30 de agosto fue declarado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y en ese marco la Comisión Pro-Memoria Histórica de El Salvador solicitó una vez más a la Asamblea Legislativa que declare esa fecha como el Día Nacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada.
Es fundamental que todos los salvadoreños seamos conscientes de la importancia de los derechos humanos y de la necesidad de que existan organizaciones que velen por ellos. A esas organizaciones les debemos un mejor y mayor conocimiento del tema, la formación de miles de personas en la materia, la constante vigilancia frente a atropellos y abusos, la denuncia clara y valiente de las violaciones a los derechos fundamentales y la exigencia de que estos no solo sean respetados, sino que tengan plena vigencia. Sin Pro-Búsqueda, por poner un ejemplo, no se hubieran conocido las muchas desapariciones forzadas de niños y niñas durante la guerra, y mucho menos se hubiera dado el reencuentro de 250 niños con sus padres biológicos.
A pesar de ello, no faltan quienes expresan que las organizaciones de derechos humanos son un estorbo en el país, que viven ancladas en el pasado, que impiden superarlo por sus reclamos de verdad y justicia. También se afirma que solo se preocupan por proteger los derechos de los criminales, no los de las víctimas. Nada de ello es verdad. Es precisamente la defensa de los derechos de las víctimas, de todas las personas que sufren una negación de sus derechos fundamentales, lo que ha animado el trabajo de estas organizaciones. Al denigrar su trabajo y afirmar que son un estorbo, se repite lo mismo que en el pasado afirmaron los dictadores; los que defendieron que el Estado cometiera actos de terrorismo contra la población; los que con la excusa de combatir el comunismo en nuestro país masacraron a poblaciones enteras, violaron mujeres, torturaron despiadadamente, desaparecieron a niños y niñas, e impidieron el ejercicio de las libertades civiles y políticas.
Los derechos humanos son inherentes a la dignidad de la persona, la base del Estado de derecho y de la democracia en una sociedad desarrollada social y culturalmente. Defenderlos, exigir su vigencia es la única garantía de que los derechos de la población serán respetados siempre. Pero reclamar el respeto a estos derechos solo para un grupo de personas, mientras se permite que se violen los de otros, es muy riesgoso. Si los derechos humanos no son para todos, en cualquier momento no serán para nadie. Ante ello, hay que repetirlo: los derechos humanos son imprescindibles, imprescriptibles e irrenunciables, no negociables en ningún caso. Permitir la violación de los derechos humanos, aun de aquellas personas que pudieran haber cometido graves crímenes, es contrario tanto a los principios de la democracia como del Evangelio.
Por lo anterior, es inaceptable la opinión que algunos difunden, y que se está extendiendo entre la gente, a favor de la pena de muerte o de las ejecuciones extrajudiciales de los criminales. En la misma línea, otros plantean que no deben reconocerse los derechos humanos de los delincuentes. De hacerse realidad, esas acciones solo llevarían a una espiral de violencia sin fin y expondrían a toda la población a cualquier tipo de abuso y atropello. Por ello, no debe dejarse de exigir que el Estado cumpla con su deber de proteger los derechos humanos de todos; si no lo hace, falla a su fin principal y a uno de los principios que legitiman su existencia. Defender los derechos humanos de todos los salvadoreños sin excepción alguna es contribuir a la paz social que tanto necesita nuestro país.
