Derechos humanos, sin defensa

La Constitución es enfática sobre el derecho a ser defendido en juicio. A todo salvadoreño hay que asegurarle no solo la presunción de inocencia, sino “todas las garantías para su defensa”. “Se garantiza al detenido la asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la administración de justicia y en los procesos judiciales”, dice el artículo 12 de nuestra Carta Maga. Sin embargo, la realidad es otra. En la doctrina jurídica, el texto constitucional señala y garantiza los derechos mínimos de todos los habitantes de un país. Pero entre nosotros la Constitución se presenta más bien como un ideal de justicia social, bienestar, rapidez y eficacia del sistema judicial, honradez de los diputados. Por ejemplo, aunque la Constitución garantiza el derecho de respuesta en su artículo 6, los dueños de los periódicos deciden a quién se lo otorgan. Al final, los derechos constitucionales solo los goza una minoría, la más estable y rica de la población.

Los números muestran con contundencia que el derecho a ser defendido no se cumple. Según la Procuraduría General de la República, entre enero y julio de este año ha defendido a más de 21 mil personas. A parte de ellas, hay más de 15 mil detenidos de años anteriores cuyos procesos también son llevados por miembros de la institución. Así, si la cantidad de detenidos se repartiera equitativamente entre los 264 defensores públicos de la Procuraduría, cada uno tendría a su cargo 140 casos. En otras palabras, una tarea imposible que en la práctica deja a mucha gente sin defensa. Por supuesto, no faltarán los que digan que ciertos criminales no merecen ser defendidos, menos con fondos públicos. Pero el derecho a una defensa pública es la única manera de proteger a los ciudadanos frente al abuso o los errores del poder. Son demasiadas las experiencias de redadas multitudinarias en las que a la audiencia inicial llega solamente un abogado de la Procuraduría, para enterarse allí mismo de la acusación contra sus defendidos y representar a 30 o 40 detenidos.

Nos pasamos criticando al Estado y con frecuencia decimos que es corrupto o ineficiente. Pero al mismo tiempo, se le exigen unas tareas imposibles de atender. No nos damos cuenta de que el poder funciona mal precisamente porque los ciudadanos no tenemos la coherencia suficiente para exigir el cumplimiento de las normas que nos rigen y aportar los recursos adecuados para ello. Podemos culpar a los políticos de una Procuraduría mal pagada y sin recursos, pero al final la responsabilidad por su mal funcionamiento es de la ciudadanía. Primo Levi, un sobreviviente de los campos de concentración, decía que los monstruos existen, pero que son “demasiado poco numerosos para ser verdaderamente peligrosos; los que son verdaderamente peligrosos son los hombres comunes”. Y somos precisamente nosotros, las mayorías, los hombres y mujeres comunes los que al acostumbrarnos a la injusticia y a la violación de derechos humanos terminamos avalando atropellos.

En el actual contexto de violencia, se está desatendiendo cada vez más una buena cantidad de derechos fundamentales, confiando excesivamente en la mano dura y propiciando ideas y ánimos reñidos con el Estado de derecho. Espíritu de venganza, ojo por ojo e imprecaciones pidiendo que los encarcelados se pudran en la prisión son algunas de la joyas antidemocráticas que anidan en el clima de violencia del país. Nada de eso es coherente con la Constitución ni con los derechos humanos que le dan vida y la han inspirado. Incluso se repite en demasía que los derechos humanos solo sirven para proteger a los criminales. Aunque esa peligrosa afirmación carece de fundamento, pocas personas la rebaten en público. Ni siquiera la mayoría de los funcionarios, políticos de los diversos partidos y miembros del sistema judicial se atreven a defender los derechos humanos públicamente, creando de esa manera un ambiente de irrespeto hacia los mencionados derechos. Algo que puede generar autoritarismo y entrañar muchos riesgos para los defensores de derechos humanos.

Se considera escoria a los detenidos y se les trata como tales en las bartolinas, a pesar de que la mayoría sale libre posteriormente porque eran inocentes o porque cometieron una falta que no ameritaba prisión. Ya en las cárceles, y más aún en las que están sujetas a medidas especiales, el trato es cruel e inhumano, como lo demuestra la epidemia de tuberculosis que se ha desarrollado en el sistema carcelario y que está a punto de convertirse en un verdadero problema de salud pública. Si queremos subsanar el clima de violencia existente, tenemos que comenzar, en todos los niveles, a respetar y fomentar los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos en tanto Estado supuestamente democrático.