Derechos humanos, una vez más

En esta semana en que celebramos el Día de los Derechos Humanos, conviene revisar la situación de El Salvador al respecto. Y lo primero que salta a la vista es la poca sensibilidad de políticos, medios de comunicación y creadores de opinión ante el tema. Hay personas e instituciones que se afanan por la cultura de paz y los derechos humanos, pero no logran imponer sus ideas. La despreocupación política desde burbujas de comodidad, un mercado dominado por el afán de lucro y la irresponsabilidad socioecológica, la insensibilidad ante la desigualdad y la fácil convivencia con un sistema de protección social que clasifica a las personas como derechohabientes o parias, según sea su nivel económico, tienen secuestrado al país en una situación miserable en el ámbito de los derechos económicos y sociales.

El calentamiento global y la falta de una política internacional clara para combatirlo, la baja calidad ambiental de las ciudades por un tráfico cada vez más contaminante y el problema agudo del agua dejan claro que a las grandes instituciones democráticas no les importa gran cosa que el deterioro ecológico dañe cada vez más a los más pobres. En nuestro caso, cuando hablamos del sistema de pensiones, nos referimos básicamente a un 25% de la población, olvidando que toda persona tiene derecho a una ancianidad digna y a algún tipo de pensión. Los salarios mínimos —diez y brutalmente desiguales entre sí— señalan la vigencia del racismo heredado de la colonia. Además, son escasos los esfuerzos por superar la impunidad en la que queda la mayoría de los delitos graves contra la vida. Incluso los actos policiales que denotan con claridad un uso excesivo de la fuerza, cuando no verdaderos crímenes, pasan tranquilos en medio de unos comentarios vergonzosamente permitidos por algunos medios; comentarios de lectores que incitan a matar como perros a cierto tipo de delincuentes. Así, el clima de violencia que impera en el país se atiza y promueve desde un discurso público terriblemente negativo, cuando no vengativo.

El agua aún no se reconoce como un derecho constitucional, sin que se sepan las razones de quienes se oponen a esa reforma. El caso Flores desvela, juntos con otros de diferente dimensión, la corrupción imperante en la política y su palmaria impunidad, a la que los bancos colaboran sin pudor. La resistencia de los bancos Citi, HSBC y Davivienda a dar información sobre el manejo de los fondos del expresidente Flores es un rasgo evidente de cómo ciertos sectores del mercado ponen sus intereses por encima de la legalidad, la justicia y el bien común. Que el país continúe, por otra parte, con un claro y evidente incumplimiento de las recomendaciones dadas en diversos casos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA abonar al malestar.

Pero no todo es negativo. Cada vez más, la conciencia de los derechos humanos prende en el corazón de la ciudadanía. Comunidades pobres se alzan en defensa de sus derechos de modos y maneras creativas. Recientemente, el municipio de Arcatao aprobó en referéndum municipal la prohibición de otorgar concesiones mineras en su territorio. Lo mismo habían hecho anteriormente otros municipios de la zona, como San José Las Flores y Nueva Trinidad. Campesinos humildes, de cantones como El Higueral, caminaron kilómetros cerro arriba con tubos de 20 metros al hombro para garantizar la disponibilidad de agua en sus comunidades, mientras la Asamblea Legislativa es incapaz de considerarlo un derecho humano básico y, por ende, constitucional. No hay duda de que a pesar del lento desarrollo constitucional y estatal en el campo de los derechos humanos, la conciencia de la igual dignidad humana ha crecido en nuestra población pobre.

Las mujeres son cada vez más conscientes de su igualdad de derechos y de la necesidad de luchar activamente contra el maltrato y el abuso, todavía demasiado extendidos. Si algo se puede decir con seguridad es que estamos en una etapa de acumulación de fuerzas, donde la conciencia va creciendo a pesar de la ineficiencia e incapacidad de los políticos a la hora de pensar en serio la necesidad de dar un salto cualitativo en el campo de los derechos económicos y sociales. Un problema que es político y que, ciertamente, no puede ser dejado en manos del mercado. Un problema que tiene que ser solucionado democrática y ciudadanamente. Y precisamente serán los ciudadanos los que fuercen a la política a comprometerse con la construcción de una convivencia donde los derechos económicos y sociales tengan mayor vigencia.