Derechos y deberes

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Editorial UCA
21/05/2018

Todo el que ha leído con atención la Constitución de la República sabe que en buena parte está inspirada en la doctrina de los derechos humanos. Eso queda claro desde los primeros artículos del texto, que afirman que el Estado está al servicio de la persona y “organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”. Además, la Constitución añade que el Estado debe “asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”, y que toda persona tiene “derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”. Estos derechos son humanos y constitucionales a la vez. Es lógico, pues, que los defendamos.

También la Carta Magna nos habla de deberes. Y uno de los deberes de todo salvadoreño, según el artículo 73, es “cumplir y velar porque se cumpla la Constitución”. En otras palabras, defender los derechos humanos básicos es una obligación tanto del Estado como de los habitantes de El Salvador, sin excepciones. Sin embargo, en el caso del desalojo de El Espino, ni el Estado ni algunos de los que se consideran líderes nacionales están cumpliendo con su deber constitucional. Para esperanza del país, sí existe preocupación por los derechos humanos entre los jóvenes y entre sectores profesionales comprometidos con el desarrollo económico y social. Pero en las esferas empresarial y política, e incluso en la judicial, abunda el desinterés por los derechos humanos y constitucionales.

El juez que ordenó y supervisó el desalojo trató a los desalojados peor que si fueran delincuentes, impidiéndoles protegerse de las amenazas de lluvia, dificultándoles el acceso a alimentos y dejándolos tirados en la vía pública. El Estado, a través del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, se desentendió del caso, dejando que se violara el derecho a vivienda de los desalojados. La cereza del pastel: algunos abogados, vinculados al gran capital nacional, piensan que defender los derechos de los desalojados de El Espino es una actividad de agitadores sociales. ¿Habrán leído la Constitución alguna vez? Las asociaciones empresariales, aparte de defender la propiedad de sus afiliados y las facilidades para hacer negocios, rara vez hablan de derechos humanos o de justicia social. ¿Será que piensan que el legislador escribió el artículo 73 de la Constitución para otros, pero no para ellos?

Con frecuencia nos quejamos de la violencia que atribula a nuestra sociedad. Pero si una buena parte del liderazgo es incapaz de cumplir con esa norma básica de convivencia que llamamos Constitución, ¿cómo puede exigir manos duras y que la gente afligida por la falta de derechos básicos cumpla con la ley? Los desalojados de El Espino han mantenido todos estos días una actitud pacífica. En contraste, el juez, apoyado por la Policía y por los abogados de los dueños del terreno, mostró una actitud violenta impidiendo el acceso a bienes indispensables para la vida. Y violó claramente la Constitución al dificultar el trabajo de los defensores de los derechos humanos.

Al liderazgo económico y político del país le encanta insistir en la necesidad de aprender inglés y mejorar el acceso y el uso de los medios informáticos. Y tienen razón, porque vivimos en un mundo globalizado que lo exige para avanzar en el desarrollo. Pero precisamente porque vivimos en un mundo globalizado, debemos cumplir con nuestros deberes internacionales, que son al mismo tiempo deberes constitucionales de El Salvador. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1998 la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”. ¿Podemos integrarnos en el mundo globalizado violando acuerdos internacionales y la propia Constitución? La responsabilidad con las obligaciones en el terreno de los derechos humanos es básica tanto para convivir pacíficamente como para alcanzar un desarrollo justo y equitativo. En este sentido, es fundamental respetar y facilitar el trabajo de supervisión y opinión a los defensores de los derechos humanos.

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Anónimo
26/05/2018
09:30 am
Es magnifica nuestra constitución,lastima que sta escrita en papel.Es violada en cada momento y los abogados que deberían hacerla cumplir(como no es rentable económicamente esto)somos victima de la injusticia que tanto exponía nuestro santo monseñor romero.Afortunadamente contamos con defensores de los derechos que en su dura tarea y lucha tratan de ser intermediarios para resolver estos problemas; muchas veces sin mucho éxitos,por la voracidad del gran capital.Mis mas respeto a esos hombres y mujeres que en su afan por que, el mundo sea mejor,respetando los derechos de los demás se enfrentan todos los dias a los violadores de nuestra carta magna.Dios los bendiga
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Anónimo
21/05/2018
18:17 pm
La actitud de quienes fueron desalojados fue de recuperación de las tierras que fueron robadas a los pueblos originarios por la familia Dueñas. Hasta un estudiante de tercer ciclo sabe que en el pasado esas tierras eran cultivadas de manera común, es decir sin propiedades particulares. Se repartían los productos del cultivo e intercambiaban lo sobrante. No habían alambrados ni muros. Con la independencia, quienes ya habían acumulado dinero y poder usufructuaron esas tierras y dejaron a los anteriores cultivadores como colonos. Agreguemos que al juez venal que ordenó el desalojo se une la inacción de un presidente de la República que no hace ni siquiera un comentario del cobarde hecho, demostrando una vez más su inexistencia ante la población que supuestamente lo eligió. Funes tenía muchos defectos, pero en estos casos siquiera opinaba contra quienes realizaban estas acciones y realizaba actitudes. La UCA hace bien en pedir la destitución del juez.
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