Derechos y deberes

Todo el que ha leído con atención la Constitución de la República sabe que en buena parte está inspirada en la doctrina de los derechos humanos. Eso queda claro desde los primeros artículos del texto, que afirman que el Estado está al servicio de la persona y “organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”. Además, la Constitución añade que el Estado debe “asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”, y que toda persona tiene “derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”. Estos derechos son humanos y constitucionales a la vez. Es lógico, pues, que los defendamos.

También la Carta Magna nos habla de deberes. Y uno de los deberes de todo salvadoreño, según el artículo 73, es “cumplir y velar porque se cumpla la Constitución”. En otras palabras, defender los derechos humanos básicos es una obligación tanto del Estado como de los habitantes de El Salvador, sin excepciones. Sin embargo, en el caso del desalojo de El Espino, ni el Estado ni algunos de los que se consideran líderes nacionales están cumpliendo con su deber constitucional. Para esperanza del país, sí existe preocupación por los derechos humanos entre los jóvenes y entre sectores profesionales comprometidos con el desarrollo económico y social. Pero en las esferas empresarial y política, e incluso en la judicial, abunda el desinterés por los derechos humanos y constitucionales.

El juez que ordenó y supervisó el desalojo trató a los desalojados peor que si fueran delincuentes, impidiéndoles protegerse de las amenazas de lluvia, dificultándoles el acceso a alimentos y dejándolos tirados en la vía pública. El Estado, a través del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, se desentendió del caso, dejando que se violara el derecho a vivienda de los desalojados. La cereza del pastel: algunos abogados, vinculados al gran capital nacional, piensan que defender los derechos de los desalojados de El Espino es una actividad de agitadores sociales. ¿Habrán leído la Constitución alguna vez? Las asociaciones empresariales, aparte de defender la propiedad de sus afiliados y las facilidades para hacer negocios, rara vez hablan de derechos humanos o de justicia social. ¿Será que piensan que el legislador escribió el artículo 73 de la Constitución para otros, pero no para ellos?

Con frecuencia nos quejamos de la violencia que atribula a nuestra sociedad. Pero si una buena parte del liderazgo es incapaz de cumplir con esa norma básica de convivencia que llamamos Constitución, ¿cómo puede exigir manos duras y que la gente afligida por la falta de derechos básicos cumpla con la ley? Los desalojados de El Espino han mantenido todos estos días una actitud pacífica. En contraste, el juez, apoyado por la Policía y por los abogados de los dueños del terreno, mostró una actitud violenta impidiendo el acceso a bienes indispensables para la vida. Y violó claramente la Constitución al dificultar el trabajo de los defensores de los derechos humanos.

Al liderazgo económico y político del país le encanta insistir en la necesidad de aprender inglés y mejorar el acceso y el uso de los medios informáticos. Y tienen razón, porque vivimos en un mundo globalizado que lo exige para avanzar en el desarrollo. Pero precisamente porque vivimos en un mundo globalizado, debemos cumplir con nuestros deberes internacionales, que son al mismo tiempo deberes constitucionales de El Salvador. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1998 la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”. ¿Podemos integrarnos en el mundo globalizado violando acuerdos internacionales y la propia Constitución? La responsabilidad con las obligaciones en el terreno de los derechos humanos es básica tanto para convivir pacíficamente como para alcanzar un desarrollo justo y equitativo. En este sentido, es fundamental respetar y facilitar el trabajo de supervisión y opinión a los defensores de los derechos humanos.