Desaparecidos

Miles de salvadoreños desaparecieron durante la guerra civil. La Comisión de la Verdad documentó cinco mil desapariciones forzadas ocurridas entre 1980 y 1992. Gracias al trabajo de las familias de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, a lo largo de estos años se ha recopilado más información, la cual permite estimar que la cifra de desaparecidos en la década de los ochenta ronda las diez mil personas. Muy pocas han sido encontradas; de la gran mayoría se desconoce su paradero hasta el día de hoy. Por ello, los familiares de los desaparecidos se llenaron de alegría cuando en su acto de toma de posesión el presidente Salvador Sánchez Cerén se refirió expresamente a esta situación: “El país tiene una deuda moral con los desaparecidos y sus familias que debe ser solventada. Mi Gobierno se compromete a reivindicar la memoria histórica. Impulsaremos iniciativas de manera conjunta, que acompañen y ayuden a que las familias conozcan la verdad”.

En consonancia con ese compromiso, El Salvador adoptó el 19 de noviembre del año pasado el tratado constitutivo de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, convirtiéndose en el sexto Estado signatario del documento. La Comisión es la única organización global dedicada en exclusiva a ayudar a los Gobiernos y a otras entidades que buscan personas desaparecidas a raíz de guerras, migración, violaciones a derechos humanos y desastres naturales. La Comisión ya apoya a El Salvador, a través de la Asociación Pro-Búsqueda, en investigaciones basadas en pruebas de ADN y en la construcción de bases de datos sobre niños desaparecidos durante la guerra en aras a facilitar su identificación. El trabajo y la presión de los familiares han demostrado que, pese al tiempo transcurrido, la localización es posible y que exigir a las autoridades que cumplan con su deber surte efecto. Con base en esa experiencia se constituyó la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno, la cual ha contribuido a que se den más reencuentros familiares por medio de la colaboración del Estado.

Por desgracia, el fenómeno de las desapariciones no finalizó con la firma de los Acuerdos de Paz y el fin del conflicto armado. En los últimos años, el número de personas reportadas como desaparecidas vuelve a ser importante. Aunque los datos disponibles no reflejan con exactitud la problemática dado que varían entre una fuente y otra —lo cual muestra la poca atención que se le está prestando al hecho—, se estima que entre 2011 y 2014 han desaparecido en nuestro país más de 5 mil personas. El Estado tiene la obligación de investigar y poner todos sus esfuerzos para dar con el paradero de las personas desaparecidas, tanto las de la guerra civil como las actuales. En el caso de que hubieran fallecido, debe entregar los restos a la familia para que puedan ser sepultados y se realice el duelo correspondiente. Es por ello que varias organizaciones de derechos humanos están solicitándole al Gobierno que cree una comisión de búsqueda de personas adultas desaparecidas y que la dote de personal capacitado, presupuesto, y de los medios técnicos y científicos ya utilizados con éxito.

La creación de esta comisión y poner a su disposición toda la información del Estado relacionada con los casos de desaparición serían pasos que darían fe de un compromiso real con los derechos humanos y facilitarían la localización de las personas desaparecidas, aliviando así el sufrimiento de sus familias. Además, contribuirían a la reconciliación de la sociedad y a la credibilidad de las instituciones. Una vez más se hace necesario, pues, exigir la colaboración de todas aquellas instituciones vinculadas a las desapariciones. Hasta la fecha, la institución más reacia a colaborar en este asunto ha sido la Fuerza Armada. Ya sea directamente o a través del Ministerio de Defensa, el Ejército se ha negado a dar la información que se le ha solicitado, aduciendo que no existen datos al respecto. Tampoco ha atendido las órdenes del Instituto de Acceso a la Información Pública de aportar luz sobre casos de desaparición específicos.

Dar solución a todo caso de desaparición forzada es indispensable para que El Salvador avance en el fortalecimiento de su sistema de justicia y se consolide el Estado de derecho. Con ello se demostraría que hay verdadera voluntad en el Gobierno de evitar la repetición de estos crímenes, superar la impunidad que los ha caracterizado, hacer realidad los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz y darle sustancia a los discursos oficiales. Es hora de pasar de las palabras a la acción y responder con decisión al dolor permanente de los miles de salvadoreños que desconocen el paradero de uno de sus familiares.