Desaparecidos: búsqueda que no cesa

La semana pasada, una delegación de la Fundación Mauricio Aquino, conformada por hijos e hijas de salvadoreños desaparecidos durante la guerra civil, visitó el país para solicitar el apoyo del Estado en la búsqueda de sus familiares. Ellos y ellas tuvieron que migrar a muy temprana edad, unos adoptados irregularmente, otros junto con algún pariente, ya que después de la desaparición de sus padres sus vidas corrían peligro. Representan a centenares de personas que viven en Estados Unidos y que desean encontrar los restos de sus padres para poner fin a la incertidumbre y el sufrimiento.

Han pasado 25 años desde que se firmó la paz. Y este grupo de salvadoreños nos recuerda que a lo largo de todos estos años nada se ha hecho para encontrar a los aproximadamente diez mil desaparecidos durante el conflicto armado. La delegación, con sus testimonios y con las diversas actividades que organizó durante la visita, pidió conocer la verdad: por qué desaparecieron a sus familiares y qué hicieron con ellos. Además, solicitaron al Gobierno crear una comisión nacional de búsqueda de los desaparecidos.

Son muchas las madres, padres, hermanos y hermanas, hijos e hijas de salvadoreños desaparecidos que no saben nada de ellos desde que les fueron arrebatados. La desaparición forzada es una violación a varios derechos humanos y uno de los crímenes más crueles que se pueden cometer, pues equivale a un secuestro de duración indefinida, que genera incertidumbre y sufrimiento prolongados en la familia. No en balde la desaparición forzada es definida “como un abuso continuo”, ya que se extiende a los familiares de la víctima, que llegan a padecer síndrome de estrés postraumático al no tener noticias de su pariente, al no saber si sigue vivo, en qué condiciones se encuentra o si habrá fallecido. Por todo ello es tan importante encontrar a los desaparecidos; en el peor de los casos, localizar sus restos y darles sepultura para dar paso al necesario proceso de duelo y poner fin a una larga historia de dolor.

El Estado salvadoreño, como cualquier otro en el mundo, tiene la obligación de poner todos los medios a su alcance para encontrar a los desaparecidos y dar razón de ellos a sus familiares. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha tratado múltiples casos de desaparecidos, el Estado debe “adoptar todas las medidas necesarias para investigar y […] sancionar a los responsables; establecer la verdad de lo sucedido; localizar el paradero de las víctimas e informar a los familiares sobre el mismo; así como repararlos justa y adecuadamente”. Por su parte, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas afirma que es “un derecho de los familiares de las víctimas que la desaparición y muerte de estas últimas sean efectivamente investigadas por las autoridades del Estado; se siga un proceso contra los responsables de estos ilícitos; en su caso se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido”.

Representantes del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén y él mismo acogieron con beneplácito la solicitud de la delegación, y han ofrecido crear en el corto plazo una comisión nacional de búsqueda, lo que representará un paso trascendental para que el Estado salvadoreño cumpla con su deber con respecto a este doloroso asunto. Sin embargo, para que la comisión tenga éxito, deberá disponer de amplias facultades, que le permitan requerir información a todas las dependencias públicas que tuvieron que ver con el crimen, y estas tendrán que ser obligadas a entregarla. Además, deberá contar con el apoyo de las instancias estatales encargadas de investigar y perseguir el delito. Pero también requerirá del apoyo de todas aquellas personas que tengan información sobre los desaparecidos, incluso de las que formaron parte de los cuerpos represivos y paramilitares de la época. Solo así El Salvador avanzará hacia la reconciliación y hará justicia a los miles cuyo único deseo es conocer el paradero de sus padres, hijos, hermanos…