Las zonas rurales de nuestro país y de la región centroamericana en su conjunto tienen un rezago histórico en el camino del desarrollo. Vivir en el área rural, en la mayoría de los casos, supone la exclusión de muchos de los servicios de los que se gozan con normalidad en las zonas urbanas. La ausencia o deficiencias en los sistemas de salud, agua potable y electrificación; escuelas con niveles educativos muy bajos; dificultades de transporte; ausencia o precariedad de las vías de comunicación; precios más altos de los productos de primera necesidad; falta de oportunidades de empleo... son algunas de las problemáticas que enfrenta la población rural y que la ponen en franca desventaja con respecto a la población urbana.
A esos problemas tradicionales del ámbito rural se suman los efectos negativos de otros nuevos, que afectan y profundizan la situación de pobreza y exclusión ya existente. Por ejemplo, los problemas ambientales relacionados con la deforestación, la degradación de suelos y el acceso al agua; sistemas productivos muy dependientes de insumos externos que tienden a encarecerse; marcadas desigualdades en el acceso a la tierra, la tecnología y el conocimiento; debilidades político-institucionales; y un casi total alejamiento de las nuevas dinámicas socioculturales relacionadas con el Internet.
Después de muchos años de trabajo, en Centroamérica los resultados de los proyectos de desarrollo rural han sido muy exiguos, cuando no nulos: las zonas rurales siguen siendo pobres y siguen estando excluidas. Este fracaso se ha debido fundamentalmente a que la inversión estatal en la zonas rurales ha sido siempre marginal, pero también a la falta de participación de la población en la definición de los proyectos de desarrollo y en la ejecución de los mismos, a una visión reduccionista y compartimentada de la realidad, y a la descoordinación entre las instancias que han trabajado en los territorios.
Ante esta necesidad de enfrentar el reto del desarrollo rural de manera conjunta y exitosa, distintas entidades han trabajado para construir una estrategia regional de desarrollo rural y territorial, conocida como ECADERT. Al ser una iniciativa centroamericana, en la que se han comprometido todos los Gobiernos de la región, su impacto será profundo y permitirá que unos países aprendan de los otros a medida que se vayan obteniendo resultados.
Según documentos de la estrategia, "ECADERT plantea adoptar un modelo de desarrollo solidario y efectivamente incluyente, cuyo sustento sea una sociedad rural organizada y un tejido social fortalecido, capaz de incorporar a todas las fuerzas sociales del medio rural en carácter de autoridades locales, ciudadanos, productores y consumidores responsables. Se busca transformar la dinámica del territorio mediante transformaciones simultaneas en el ámbito político-institucional, sociocultural, económico-productivo, y ambiental, de conformidad con el potencial propio de cada territorio". Todo ello con el fin de alcanzar equidad social y cultural; gobernabilidad política; competitividad económica; y sostenibilidad.
Es muy acertado y un buen augurio que la implementación de ECADERT haya iniciado con un proceso de formación para quienes serán los gestores de esta nueva visión sobre el desarrollo rural territorial. Sin técnicos que conozcan a profundidad el nuevo modelo, dispongan de las herramientas para trabajar en el mismo y estén convencidos de las bondades de este camino alterno, no sería posible desarrollar esta iniciativa y se correría el peligro de seguir haciendo más de lo mismo.
Ahora falta que se materialice, que realmente se haga efectivo el compromiso de los Gobiernos y de las distintas organizaciones que colaboraran en el desarrollo de los primeros territorios rurales elegidos para iniciar en ellos la nueva estrategia ECADERT. Es importante no solo que se elijan los territorios, sino que en ellos se lleve adelante la estrategia tal y como ha sido diseñada. Igualmente necesario es que se pongan a la disposición del programa los recursos necesarios para llevarlo adelante y así se honre la deuda que el país y la región tienen con el mundo rural.