Desinterés estatal por los derechos humanos

El Estado salvadoreño tiene cada vez más dificultades para entender y defender los derechos humanos. Y no hablamos de un Gobierno o un partido, sino del Estado en general. Las ejecuciones extrajudiciales impulsadas por algunos miembros de la Policía y la escasa preocupación institucional al respecto son muestra evidente de ello. Hay casos de asesinatos de ambientalistas en Cabañas que no han sido adecuadamente investigados. Los incidentes de muertes grupales de supuestos pandilleros, acusados de iniciar ataques contra agentes de la PNC, son de por sí sospechosos en la medida en que se saldan con tantas bajas para los primeros sin que los atacados resulten siquiera heridos. Hasta que un periódico digital publicó una investigación seria sobre la masacre en San Blas, empezaron a moverse las cosas. Aunque David Morales, exprocurador de Derechos Humanos, insistió en que todo apuntaba a la existencia de grupos de limpieza social, las instituciones estatales dedicadas a la persecución del delito no mostraron mayor interés. En el caso de San Blas, donde según la investigación periodística se ejecutó sumariamente a varias personas, la Fiscalía solo procesó a algunos policías por el homicidio del joven que no pertenecía a las pandillas.

Por su parte, algunos jueces y fiscales han dado declaraciones claramente reñidas con los derechos humanos sin que les implicara algún tipo de sanción. En el marco de la Operación Jaque, un miembro de la Fiscalía llegó a decir que las pandillas atacaban de dos maneras al Estado: cometiendo crímenes y utilizando los derechos humanos. Esta criminalización de los derechos humanos por parte de un funcionario debería ser sancionada automáticamente por el Fiscal General. La Fiscalía está obligada a respetar escrupulosamente los derechos de todas las personas. Y un fiscal que levanta sospechas sin fundamento contra los derechos humanos y las organizaciones que los defienden pone en riesgo una de las tareas más necesarias en El Salvador. Para colmo de males, la falta de definición del delito de “apología del terrorismo” complica el trabajo de los defensores de derechos humanos. Sin embargo, los ciudadanos pueden clamar sin problema en las redes sociales por el asesinato de pandilleros.

Funcionarios del Ejecutivo hablan sistemáticamente de guerra contra las maras o contra el delito. No se dan cuenta de que solo pueden impulsar lo que la ley les permite. Y ante los delitos lo que corresponde es la persecución y sanción legales, no guerras u otras formas de acción contra personas y actividades. Habría que preguntarles si son conscientes de que hablar así abre la puerta a la comisión de crímenes de guerra, que son por naturaleza imprescriptibles. Obviamente, dirían que hablan metafóricamente. Pero los políticos no son poetas para darse el gusto de la metáfora amenazante. En realidad, ese modo de expresarse no califica como literatura metafórica, sino como una irresponsabilidad en el discurso que puede, en el mediano o largo plazo, traer daños graves a la ciudadanía.

En la Asamblea Legislativa tampoco abunda el compromiso con los derechos humanos. Como señaló el embajador alemán, la petición del diputado Guillermo Galleros de reimplantar la pena de muerte ignora tanto la inutilidad de la misma como la consecuente ruptura de tratados internacionales que aislaría a El Salvador. En un tiempo, además, de tanto problema y angustia de la gente, en el que es urgente tener una buena Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Asamblea se da el lujo de atrasar el nombramiento de su titular. Tampoco parecen interesarles a los diputados el maltrato y los golpes que forman parte del proceder de algunos malos policías y que en algunos casos pueden identificarse con la práctica de la tortura. Ante una situación como la descrita, urge el nombramiento de un Procurador con criterios claros, con coraje y con capacidad de acompañar a quienes sufren cualquier tipo de violación a sus derechos básicos. El atraso en su elección y nombramiento no solo es una falta al deber, sino que añade indefensión a muchos salvadoreños y contribuye al ambiente de violencia.