Desnudos

Con todo lo dicho sobre el escándalo de lo que los medios han llamado “pornofiestas” (de las cuales, por cierto, se rumoraba desde hacía ya buen tiempo), queda en evidencia la tremenda manipulación y discriminación de la mujer, profundamente afincadas en la sociedad salvadoreña. Salvo contadas reacciones personales o de alguna organización que defiende los derechos de las mujeres, la inmensa mayoría de opiniones se han centrado en la violación a la ley, en el daño que la tregua causó al país y en los privilegios que recibieron los pandilleros. Los videos difundidos viralmente en las redes sociales y reproducidos por casi todos los medios de comunicación masiva no muestran solo el desnudo de las mujeres, sino que también desnudan el machismo campante y la lamentable cosificación de la mujer.

En no pocos de los discursos sobre el hecho, a las mujeres involucradas se les valora como cosas. Incluso cuando algunas diputadas piden investigar lo sucedido, se las pone al mismo nivel que los celulares, televisores, tarjetas telefónicas y otros objetos que, catalogados como privilegios, supuestamente se les dieron a los pandilleros a cambio de reducir los homicidios. Que a nadie le quepa duda que de esto se quiere sacar ventaja política. Quienes lamentan lo sucedido poco o nada les preocupa en qué condiciones fueron llevadas las mujeres a los centros penales, si fueron forzadas, si eran parte de una red de trata o de prostitución, si eran menores de edad. Lo que les importa es ir a la caza de los culpables para sacar raja política. Otros, para restarle importancia al asunto, dicen que solo se trató de “mujeres chulonas”, evidenciando así que la discriminación de la mujer no es patrimonio exclusivo de la derecha ni solo cuestión de hombres.

Por supuesto, hay que investigar lo sucedido en los centros penales. Pero algunos de los que más insisten en que se haga no tienen autoridad moral para erigirse en jueces, como pretenden. El hemiciclo legislativo no solo es feudo del tradicionalismo político más rancio del país, sino también del machismo más cavernario. La historia nos recuerda que la vida de no pocos diputados está llena de actos que riñen con la moral, incluso con la ley. Escándalos públicos que dejan a una policía herida de bala, un presidente de la Asamblea que conduce una plenaria en evidente estado de ebriedad, legisladores ligados al narcotráfico o al lavado de dinero, abuso sexual contra una comunicadora y violencia doméstica son solo algunos de los casos a enumerar.

Además, no hay que olvidar que en 2014 se desmanteló una red de trata de personas que se dedicaba a prostituir jóvenes con presentadores de medios de comunicación y empresarios prominentes. El caso siguió adelante sin que nunca entraran en el proceso los “clientes”. En un documento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos publicado en 2011, se informaba que las instituciones que registraban mayor número de casos de acoso sexual o laboral eran la PNC, la Asamblea Legislativa y el sistema de justicia, entre otras. En este contexto, con este historial, solo faltaría que algunos de los que exigen conocer a fondo lo que sucedió pidan que se procese a las mujeres que aparecen en los videos, y no solo a los responsables de permitir su ingreso al penal. El caso evidencia tan bien la vigente discriminación de la mujer que, aunque ridículo, ello no sería raro.