Deuda con el campo

Esta semana se está celebrando en la UCA el III Foro Latinoamericano y del Caribe de Finanzas Rurales, un espacio para discutir las problemáticas y desafíos del sector rural del subcontinente y buscar rutas para su desarrollo inclusivo, sostenible, capaz de enfrentar el cambio climático y garantizar la soberanía alimentaria. Como todos sabemos, las zonas rurales de Latinoamérica y del Caribe han estado históricamente marginadas de los beneficios del desarrollo. Pero en nuestro país, el campo no solo ha sido objeto de marginación, sino también de abandono por parte del Estado.

Por el carácter modernizante y neoliberal que ha caracterizado a la dirección de nuestra economía en las últimas décadas, la agricultura, la ganadería y la pesca han tenido poca o ninguna atención en las políticas de desarrollo. Los Gobiernos de Arena, perfectos acólitos de la ideología neoliberal, abandonaron el campo, lo que provocó una disminución considerable de la producción agropecuaria. En 20 años, esta pasó de representar el 20% de la producción total de El Salvador a un 12%. A ello se ha sumado el cambio climático, que con sus ciclos de sequías e intensas lluvias ha tenido un impacto devastador en la producción agropecuaria.

Apoyar el desarrollo rural e incrementar la producción agropecuaria es una necesidad ineludible para El Salvador, pues en ello nos jugamos, entre otros aspectos fundamentales, la seguridad alimentaria. Producir nuestros alimentos, no depender de la importación, es un principio esencial para el bienestar de la población y la salud de la economía. A este respecto, en El Salvador, dependemos en exceso de los países vecinos, y esto es un enorme riesgo, pues un conflicto con cualquiera de ellos puede significar —como ya ha pasado antes— un desabastecimiento de los alimentos y el encarecimiento inmediato del costo de la vida.

En el sector rural hay, además, un enorme potencial de desarrollo que se está desperdiciando. Cuando se buscan alternativas de progreso para nuestro país, no se considera a los sectores pesquero y agropecuario como opciones a tener en cuenta. Para muchos, la pesca y la agricultura son sinónimo de atraso, de historia pasada. No caen en cuenta de que abandonarlos solo implica apuntalar el estancamiento del país. Así, no es casual que la mayoría de salvadoreños que deciden migrar procedan de las zonas rurales. Son muchos los jóvenes que cada día abandonan el campo para venir a la ciudad o partir hacia Estados Unidos. Y lo hacen porque no encuentran futuro en sus cantones y caseríos. Esta emigración en masa es una sangría para El Salvador.

¿Cómo incrementar la producción agropecuaria y favorecer su desarrollo? ¿Cómo apoyar al sector rural? El primer paso es establecer un precio justo para los productos agropecuarios. En las ciudades, es muy común oír quejas por los precios de alimentos tan básicos como el maíz y el frijol. Pero si se hicieran bien los números, nos daríamos cuenta de que sus precios de venta son inferiores a los gastos en que incurre el campesino que los produce. Nadie quiere producir para vender por debajo del costo, pero los campesinos salvadoreños siembran, cultivan y cosechan para perder. Resulta así que los campesinos están financiando la vida en las ciudades. Si obtuvieran un precio justo por sus productos, podrían satisfacer sus necesidades y sus familias tendrían una mejor calidad de vida. Los campesinos de El Salvador son pobres porque regalan su fuerza de trabajo a la gente de la ciudad.

En abierto contraste con sus predecesores, el Gobierno del presidente Funes ha concentrado la mayoría de los programas sociales en el campo. Su plan quinquenal propone desarrollar el potencial agropecuario del país e incrementar su productividad. Proyectos como Fomilenio 2 en la zona costera del país y el programa de apoyo a la agricultura familiar muestran que hoy el interés por el sector rural es real y va más allá de simples buenas intenciones. Ojalá estos programas tengan el éxito esperado y en unos años veamos a un sector rural fortalecido e incluido en la dinámica educativa, social, económica y política de nuestro país.