Deuda con las mayorías

La salud y la educación son dos de las principales deudas del Estado con la población. En casi todos los estudios sobre el tema se afirma que tradicionalmente El Salvador ha invertido muy poco en aquellos rubros que favorecen directamente a la gente con menos recursos. Sin duda, el resultado de ello es la baja calidad de la educación pública a nivel de primaria y secundaria, el enorme déficit de institutos de bachillerato y que solo 2 de cada 10 jóvenes accedan a la educación superior. En el caso de la salud, las cosas no son muy distintas: los centros de salud públicos son insuficientes, los hospitales están siempre saturados, la atención que brindan es muy deficiente, hace falta personal, no hay dinero para reparar los equipos y los medicamentos escasean.

A pesar de que pocas noticias se han visto al respecto, en los últimos años el Gobierno ha tratado de cambiar parte de esa realidad realizando mayores inversiones en el área de la salud primaria, especialmente en el sector rural, lo que se ha traducido en avances importantes. Con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Salud ejecutó un proyecto que permitió construir 61 unidades comunitarias de salud y cinco laboratorios regionales, integrar 45 equipos comunitarios de salud familiar y poner en marcha un sistema de emergencias médicas y un sistema único de información. El BID está sumamente satisfecho con la ejecución del plan, y por ello está dispuesto a apoyar una segunda fase otorgando un préstamo de 170 millones para los próximos cinco años.

Este nuevo proyecto, con una cantidad de dinero inédita para inversión en el sistema de salud salvadoreño, permitiría continuar con la mejora de la atención —con énfasis en el área urbana— y daría pie a la construcción de 40 unidades de salud de primer nivel, cuatro centros de atención especializada y dos hospitales, uno regional para la zona norte del área metropolitana y uno de tercer nivel, que ofrecería los mismos servicios que hoy da el Hospital Rosales. El proyecto también apoyaría la mejora de la red de atención materno-infantil en ocho de los hospitales regionales del país.

Estas son muy buenas noticias para nuestro país, especialmente para la mayoría de los salvadoreños, que es la usuaria de la red de salud pública que dirige el Ministerio. Sin embargo, para que el proyecto se haga realidad, dado que se trata de un préstamo, se requiere los votos de al menos dos tercios de los diputados. Y es de sobra conocido que ello no será fácil, pues los partidos de la oposición están en contra de que siga creciendo la deuda pública. El año pasado, la Asamblea legislativa no aprobó un préstamo de condiciones similares al que ahora ofrece el BID (25 años plazo a 3.3% de interés) para la mejora de la educación científica y técnica, a pesar de que el monto era de solo 25 millones de dólares.

Ciertamente, la deuda pública sigue aumentando, y ello compromete el futuro de nuestro país. A medida que crece, cada año debe destinarse una mayor parte del Presupuesto a pagar intereses y devolver parte de lo prestado. Pero no es menos cierto que esa carga podría disminuirse si hubiera una mayor responsabilidad por parte del Gobierno en cuidar el gasto público y todos los ciudadanos cumplieran a cabalidad con su deber de pagar impuestos. Según un reciente estudio del Departamento de Economía de la UCA, en 2015 el Estado dejó de percibir alrededor 1,900 millones en impuestos: 800 millones por evasión del impuesto sobre la renta, 970 por no entregar a Hacienda el IVA cobrado a los consumidores y 130 por el contrabando. Si este dinero hubiera ingresado a las arcas estatales, no sería necesario realizar una nueva emisión de bonos por 1,200 millones para cubrir la deuda que acumuló el Estado el año pasado, y todavía quedarían 700 millones para, entre otras cosas, mejorar los servicios sociales e invertir en infraestructura.

Por tanto, más que empeñarse en no aprobar préstamos que permitirían saldar la deuda con la población en materia de salud y educación, los diputados deberían preocuparse por legislar en contra de la evasión fiscal, la apropiación indebida del IVA y el contrabando. El préstamo del BID para la mejora del sistema público de salud beneficiaría a las mayorías de nuestro país, no comprometería de manera significativa las finanzas públicas y sería un acto de justicia para con la población que no puede pagar un seguro ni recurrir a los servicios de salud privados, como sí pueden los diputados.