Diálogo, no trincheras

Para resolver y encontrar salida a los problemas nacionales, es más que evidente la necesidad de un diálogo que produzca acuerdos; acuerdos que se respeten y se pongan en práctica. No vale llegar a pactos que luego no se cumplen o se rechazan. Por actitudes como estas las principales fuerzas políticas han desacreditado el diálogo y sus frutos. Unos y otros se acusan de incumplir los compromisos adquiridos; martillan sobre la dificultad que supone negociar; afirman que el contrario solo pretende imponer sus puntos de vista y propuestas.

A lo largo de los dos últimos años, se han hecho varios intentos de acercamiento político sobre aspectos clave para el país. En mayo del año pasado se conformaron tres mesas de diálogo: una para las pensiones, otra para el tema fiscal y la tercera para analizar y buscar solución a la problemática del café. Solamente esta última pudo formular acuerdos concretos. Las otras dos, a pesar de su importancia, no lograron avanzar. Hace unas semanas, en la Asamblea Legislativa se logró acordar la reforma del sistema de pensiones. Más allá del contenido de la misma, se puede afirmar que el proceso que la hizo posible ha generado esperanza y muestra que el diálogo es posible.

Para lograr el acuerdo sobre la reforma de pensiones, primero, se partió de diversas propuestas, después se avanzó hacia una especie de síntesis de las mismas y, por último, todos los partidos cedieron en sus posiciones para coincidir en una común. Quien más se movió de su posición inicial fue el FMLN, que retiró su propuesta de crear un fondo público de pensiones. Por su parte, Arena, que presentó y defendió la reforma de Iniciativa Ciudadana, aceptó los cambios que los otros partidos introdujeron en la misma. Aunque la reforma acordada no sea la mejor para los actuales y futuros pensionados, el acuerdo fue considerado positivo para las finanzas públicas y aplaudido por muchos, incluyendo las calificadoras de riesgo, que inmediatamente mejoraron la evaluación de El Salvador.

Actualmente, hay otro proceso de negociación en marcha. Se trata del Presupuesto General de la Nación 2018, que debe ser aprobado por la Asamblea antes del fin de este año. Unida al Presupuesto está la necesidad de una reforma fiscal, que suponga más ingresos para el Estado, o, en su defecto, la aprobación de mayor endeudamiento público. Al respecto, ya se han pronunciado diversos actores. Arena ha afirmado que no aprobará más deuda pública ni nuevos impuestos y que toca disminuir los gastos para que se adecúen a los ingresos. Para el FMLN, el Presupuesto debe aprobarse tal como se presentó, junto a la emisión de 554 millones de deuda pública para financiarlo. Nuevamente tenemos posiciones extremas que requerirán acercamientos. Arena y el FMLN deben moverse de sus posiciones, no atrincherarse en ellas.

El Salvador necesita un Estado fuerte, con mayor capacidad para asumir sus funciones, y eso supone un mayor nivel de gasto y contar con más ingresos. Ingresos que son necesarios para brindarles a los salvadoreños mejores condiciones de vida, así como para invertir en infraestructura, de modo que se posibilite un mayor desarrollo económico y social. Los recortes financieros no pueden seguir afectando a los más pobres. El FMLN debe aceptar que hay gastos prescindibles e incluso obscenos, como los seguros privados de salud para los funcionarios de las autónomas y de otras instancias estatales. Además, el país requiere de un sistema impositivo más justo, progresivo, en el que aporte más el que más tiene, tal como han recomendado los organismos internacionales. Pero todo esto no será posible sin diálogo, sin acuerdos, sin coherencia práctica.