Diputados contra El Salvador

Más de 200 mil firmas de salvadoreños se sumaron al clamor para que el agua se reconozca y se garantice como un derecho de todos, no un privilegio de pocos. Este clamor respalda a una larga lista de actores que defienden el agua del afán mercantilista. A nivel nacional, los dos últimos titulares de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Arzobispo de San Salvador, más de 130 organizaciones sociales, colegios y un largo etcétera se han expresado con ese propósito. A nivel internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el relator especial de las Naciones Unidas para el derecho humano al agua, el director general de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, y el congresista demócrata de más alto rango en el Comité de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos han pedido legislar sobre el agua y declararla derecho humano.

Este jueves 27 de septiembre, la Conferencia Episcopal de El Salvador en pleno, los obispos de las Iglesias episcopal y luterana, el pastor de la Iglesia Bautista Emanuel y miles de salvadoreños marcharon por las calles de San Salvador para entregarle a la Asamblea Legislativa las más de 200 mil firmas de ciudadanos que exigen que se reconozca el derecho humano al agua en el artículo 2 de la Constitución y se apruebe una Ley General de Aguas que deje la rectoría del vital líquido en manos del Estado. A la mayoría de diputados lo único que parece hacerlos escuchar las exigencias de la gente es el interés o cálculo electoral, el miedo a no ser favorecidos por los votos. La movilización ciudadana puede y debe romper esa tendencia miope y profundamente perniciosa.

Como ya se ha visto, los más diversos sectores sociales y religiosos se han unido para evitar la privatización del agua. Tal como el sol no se puede tapar con un dedo, los grandes medios de comunicación no pueden esconder total y permanentemente una movilización que va en contra de los intereses que representan y defienden. Los salvadoreños no creerán que no hay interés de privatizar el agua mientras los diputados sigan insistiendo en ceder poder de decisión al sector privado. Un engaño similar al que se perpetró con el cambio del sistema de pensiones difícilmente se repetirá hoy. Es claro que los partidos que se niegan a escuchar el clamor ciudadano sobre el agua están respondiendo a los intereses de sus financistas, acaudalados empresarios cuyo afán de lucro niega el bien común.

Después de la firma de la paz, fueron empresarios los que tomaron las riendas del Estado, y las mantuvieron en sus manos por 20 años. Y esa gestión estuvo lejos de enfocarse en atender y satisfacer las necesidades de las mayorías. No hay modo de que la gente crea ahora que los empresarios son los mejor calificados para administrar el agua pensando en el interés de todos. Y nueva prueba de ello fueron la marcha del 27 de septiembre y la entrega de 200 mil firmas. ¿Seguirán los diputados negándose a entender el mensaje? ¿Seguirán en contra de El Salvador y su gente?